El Gobierno ha aprobado un Decreto Ley para flexibilizar las obligaciones de gestión de los empleadores de trabajadoras del hogar en relación a altas, bajas o comunicaciones con la Seguridad Social para facilitar que se integren en mayor número en el Régimen General.
Así, tras evaluar los resultados del proceso de integración de estas empleadas una vez finalizado el periodo transitorio el pasado mes de julio, Empleo detectó que muchos empleadores no habían dado de alta a sus empleadas al ser personas mayores, de movilidad reducida o al no estar familiarizados con la Seguridad Social.
El Decreto Ley aprobado permitirá a los empleadores delegar por escrito todas estas gestiones en el caso de aquellas empleadas que no trabajen más de 60 horas mensuales, aunque cualquier responsabilidad subsidiaria, como el no ingreso de las cotizaciones correspondientes a dicho empleador, seguirán recayendo en éste.
Para ello, ambas partes deberán acordar esta cesión de obligaciones, con lo que se tratará en todo caso de un acto voluntario, al que la trabajadora podrá llegar, en caso de desarrollar su actividad de forma discontinua, con más de un pagador.
Además, esta obligación, que en el anterior marco jurídico recaía únicamente sobre el cabeza de familia, ahora podrá ser responsabilidad de cualquier miembro del hogar.
Otra de las disfunciones detectadas ha sido la caída de la cotización en este régimen de 63 millones de euros, por un descenso generalizado del 30% en las bases de cotización, que no ha sido compensado pese el incrementado del número de cotizantes, desde las 213.797 en junio de este año, hasta las 414.424 en este mes de diciembre.
Por ello, se han reducido de 15 a 8 los tramos de bases de cotización que contemplaba el régimen transitorio antes de que en 2018 todas las bases se igualaran con las del Régimen General.
Con este cambio, se han reducido las bases intermedias para que las más bajas aumenten y se obtenga no solo una mayor recaudación por esta vía, sino también una mejora de las futuras prestaciones de estas empleadas.
Así, la base mínima de cotización pasa de 90 euros a 147 euros, mientras que la máxima se mantiene en 790 euros, sobre la que se seguirá aplicando un tipo del 22,9% en 2013.
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