Los pagos que realiza el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a los trabajadores que se quedan sin empleo por la quiebra o la insolvencia de sus empresas también han sufrido recortes, ya que pasará a pagar un máximo de cuatro meses de salario, un mes menos de los que se abonaban hasta ahora, y con un tope salarial también menor. 

En concreto, en el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado, se establece que el Fogasa solo abonará un máximo de 120 días (cuatro meses), en lugar de los 150 días (cinco meses) que se pagaban hasta ahora. Esta reducción, de la que no se informó tras el Consejo de Ministros del viernes, se aplicará a los trabajadores que sean desviados al fondo por la insolvencia de sus empresas a partir del próximo 1 de agosto.

Además, la cantidad que pagará por cada día de salario adeudado no podrá exceder el doble del salario mínimo interprofesional, fijado en la actualidad en 21,38 euros diarios. Hasta ahora, el máximo para la base de ese cálculo era el triple del salario mínimo interprofesional.

Así, para calcular cuánto dinero abonará el Fogasa se debe sumar a 42,76 euros la parte de las pagas extra que corresponde a un día de salario, y la cantidad resultante se tiene que multiplicar por el número de días de salario que debe el empresario a sus empleados. Pero, en cualquier caso, el Fondo de Garantía Salarial nunca pagará más de 120 días, es decir, cuatro meses.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio del Empleo, el gasto del Fogasa en prestaciones se situó en 617,7 millones de euros en los cinco primeros meses del año, lo que supone un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2011. Las recibieron un total de 106.725 trabajadores, un 2,4% más que el año pasado.

El presupuesto del Fogasa para 2012 asciende a 1.275 millones de euros, un 15% menos que en 2011. Es decir, hasta mayo, faltando siete meses para final del ejercicio, ya había gastado casi la mitad de lo presupuestado. Esta reducción del presupuesto del Fogasa difícilmente encajaba con las previsiones macroeconómicas del propio Gobierno, que preveía para este año un aumento del desempleo de más de tres puntos.