La Audiencia de Palma ha condenado al exconseller de Territorio de Mallorca Bartomeu Vicens (Unió Mallorquina) a tres años de cárcel por haber "regalado a sus amigos" 11.930 euros de fondos públicos, que abonó a una empresa mediante "un expediente irregular y por unos trabajos innecesarios".

La sentencia de la sección segunda del alto tribunal autonómico considera probado que Vicens otorgó de forma ilegal este dinero en 2004 a la empresa Studio Media, administrada por Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, un matrimonio que supuestamente actuó de testaferro suyo, para realizar un programa de radio sobre patrimonio que ya se había emitido años antes.

La Audiencia también condena al exconseller del extinto partido nacionalista, que ya está en prisión en virtud de otra condena por corrupción, a 7 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación y le aplica la atenuante de devolución del dinero, al tiempo que le obliga a pagar al Consell de Mallorca la cantidad malversada en concepto de responsabilidad civil.

Considera probado que Vicens decidió "de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos" a la empresa de sus amigos, a los que "quería favorecer por los servicios y colaboraciones que le habían prestado", especialmente a Diéguez, quien ejercía supuestamente de testaferro al figurar como administradora de una sociedad suya, Metalumba.

Había trabajado previamente con la empresa beneficiaria

Vicens cobró años antes de Studio Media 9.000 euros como asesor jurídico, por lo que le estaba legalmente prohibido intervenir en cualquier contrato del Consell de Mallorca con dicha empresa.

Además, Studio Media no podía contratar con la Administración pública porque no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, lo que, según la sentencia, Vicens sabía porque había asesorado legalmente a la empresa hasta el año 2003.

En resumen, la sentencia afirma que Vicens, como conseller de Territorio del Consell de Mallorca "y con pleno conocimiento de la ilegalidad de ello, autorizó la contratación ilegal y arbitraria y ordenó el pago de la cantidad presupuestada sabiendo perfectamente que el trabajo era inútil y necesario, y con la convicción y propósito de beneficiar a sus amigos".

Añade que esto lo hizo para que Diéguez siguiera figurando en la administración de la empresa Metalumba.

La resolución condena también a Alfredo Conde a un año y seis meses de prisión por malversación, pero absuelve a Elisabeth Diéguez y al cuarto acusado en esta pieza del caso Maquillaje de corrupción, el ex director general de Patrimonio Joan Josep Mas.