Amnistía Internacional pide a Rajoy que la crisis no derive en "crisis de los derechos humanos"

  • El secretario general de AI presenta una agenda para la legislatura
  • "Las medidas de austeridad no pueden tomarse a expensas de los derechos humanos"
  • Vivienda, salud, inmigrantes y víctimas del franquismo, entre las preocupaciones

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"Hay que asegurarse de que la crisis económica no termina siendo una crisis de los derechos humanos". Así ha explicado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, durante la presentación este jueves en Madrid de una agenda de derechos humanos para la actual legislatura parlamentaria española.

El informe recoge las preocupaciones de la organización no-gubernamental en España y 35 indicadores sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Una delegación de AI ha mantenido entrevistas con representantes del Gobierno de España, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo y los secretarios generales de Justicia e Interior, así como con partidos políticos, representantes de la sociedad civil y víctimas de abusos. 

La organización pide que cada nueva medida de ajuste vaya acompañada de un informe sobre su posible impacto en derechos esenciales. "Las medidas de austeridad no pueden tomarse a expensas de los derechos humanos, especialmente con grupos vulnerables como parados de larga duración, inmigrantes y mujeres", ha insistido Shetty, máximo representante de AI.

El máximo representante de la organización no-gubernamental ha valorado "positivamente" el compromiso del Ejecutivo de Mariano Rajoy de poner en marcha una estrategia de derechos humanos en esta legislatura, pero ha advertido que la organización prestará atención "a los hechos, no a las palabras".

Derechos sociales: vivienda y salud

Entre las preocupaciones de las que hace eco el informe, destacan las referidas a los derechos de acceso a la vivienda digna y a la salud. Shetty ha calificado de "chocante" e "inaceptable" los desalojos en la Cañada Real Galiana en Madrid, y ha recordado las obligaciones internacionales en lo referente a desalojos forzosos. "El recurso al desalojo debe ser la última opción", ha explicado, y la familia desalojada debe tener un alojamiento alternativo.

Esteban Beltrán, director de la sección española de la organización, ha añadido que existe una "enorme preocupación porque el tema de los desalojos ni siquiera se está tratando en el ámbito de los derechos humanos", sino exclusivamente en relación con la deuda o la legislación urbanística.

AI considera también preocupante lo ocurrido en Murcia y Galicia, donde fueron bloqueadas las tarjetas sanitarias de parados que habían agotado sus prestaciones por desempleo.

Identificaciones de inmigrantes

El secretario general de AI ha pedido también que se ponga fin a las redadas policiales en las que se identifica a las personas según patrones raciales o étnicos (y que las organizaciones cívicas y de extranjeros llaman "redadas racistas").

"Se les debe poner fin inmediatamente", ha insistido Shetty, quien ha lamentado que ni el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ni el de Mariano Rajoy reconocen esta práctica, denunciada incluso por sindicatos policiales.

"El secretario de Estado de Seguridad (Ignacio Ulloa) asegura haber dado órdenes verbales a las fuerzas de seguridad (para que las redadas no se produzcan) pero pedimos que esas órdenes se pongan por escrito", ha precisado Shetty. Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, AI podría incluso plantearse la organización de una campaña de denuncia.

Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), AI se ha felicitado por la voluntad de mejorar sus condiciones y la legislación pertinente.

Final de ETA y desaparecidos del franquismo

"La nueva situación en el País Vasco es una oportunidad para mejorar la situación de los derechos humanos", ha declarado Salil Shetty en referencia al anuncio de ETA de que daba por terminada su actividad armada. Por ello, "la hoja de ruta debe centrarse en estos derechos, y asegurar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, tanto las de ETA como las de las fuerzas de seguridad".

AI pide al Gobierno que se elimine la detención incomunicada y que se modifiquen la Ley de Partidos y los artículos 571 a 580 del Código Penal en los que se define el delito de terrorismo, ya que ambas "son una oportunidad para el abuso".

También respecto a los desaparecidos de la Guerra Civil y la Dictadura, la organización internacional pide verdad y reparación, e insta al Ejecutivo a "investigar las desapariciones forzadas" durante este periodo de la historia de España.

"Pedimos una entrevista con el Fiscal General (Eduardo Torres-Dulce) pero no nos recibió él, sino alguien de su equipo. Nos trataron bien, pero no obtuvimos nada", ha explicado Shetty.

El dirigente de AI ha recordado que España es uno de los firmantes de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzosas, y ha puesto a Guatemala y Brasil como ejemplos de avances en el esclarecimiento de estos hechos.

La advertencia de la primavera árabe

AI pide a España que los derechos humanos sean prioritarios en sus relaciones internacionales y solicita expresamente que formen parte de la agenda de sus conversaciones bilaterales. Concretamente, Shetty ha citado a Colombia, Guinea Ecuatorial y Marruecos (este último país, especialmente en relación con el Sáhara Occidental), como oportunidades para que España ejerza su influencia.

El secretario general de AI ha recordado que nuestro país es un importante exportador de armas y ha abogado por un tratado internacional que impida las ventas de material bélico a países en conflicto o que cometen abusos. Shetty ha mencionado al respecto un acuerdo reciente entre España y Arabia Saudí.

"España, como otros países europeos, ha sido muy amigable con regímenes como los de Egipto, Túnez o Libia. La primavera árabe debe ser una llamada de atención: no hay que esperar a que la gente proteste en las calles", ha subrayado.

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