La Consejería de Empleo abrió una investigación interna cuando la Agencia Tributaria alertó en 2008 de las irregularidades en las ayudas concedidas al chófer del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, pero no le reclamó la devolución de las ayudas.

En declaraciones a los periodistas el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha confirmado que en aquel momento, en torno al año 2008, la Consejería, a cuyo frente estaba Antonio Fernández, abrió una investigación interna a raíz de la petición de información que hizo la Agencia Tributaria sobre las ayudas al chófer de Guerrero, aunque ha admitido que no sabe en que terminó dicha investigación.

A raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria los juzgados número 1 y 2 de Andújar abrieron sendas diligencias contra Juan Francisco T.B., chófer de Guerrero, por no declarar dos subvenciones de 450.000 euros cada una que recibió en 2004 para dos empresas de su propiedad, denominadas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial S.L..

El chófer reconoció haber percibido ayudas y haber comprado cocaína con ellas

El chófer declaró ante los jueces y reconoció haber percibido las ayudas y no haberlas destinado al fin previsto, pero no fue hasta finales de 2010 cuando declaró voluntariamente ante la Policía y desveló además que parte de ese dinero lo destinó a comprar cocaína para él mismo y para Guerrero, así como para fiestas, copas, material de telefonía, antigüedades.

A estas ayudas se suma otras más de 450.000 euros otorgada a una empresa de la que era socio el chófer del ex director general de Empleo y que fue concedida el mismo día que las dos anteriores de 900.000 euros.

Recio ha afirmado desconocer si a raíz de esa investigación fue destituido de su cargo Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el presunto fraude en los ERE subvencionados por la Junta, ya que él no era en esas fechas consejero y desconoce las decisiones políticas que se pudieron adoptar en ese momento, ha alegado.

No obstante, ha subrayado que la información obtenida en la investigación interna de la Consejería de Empleo se remitió al juzgado que investigaba el caso de las ayudas al chófer de Guerrero, y ha insistido en la "actuación ejemplar" de la Junta en la investigación judicial abierta sobre los ERE.

Ha recordado que a raíz del presunto fraude en los ERE, que investiga la juez Mercedes Alaya, la Consejería ha abierto un procedimiento interno para los casos en los que haya dudas para "recuperar hasta el último céntimo mal invertido", y este principio se aplica para todo el dinero procedente de la partida 31L, es decir, la destinada a ayudas a empresas en crisis, ha apostillado.

Asimismo, Recio ha destacado que desde hace algún tiempo la Junta ha establecido un nuevo procedimiento administrativo para la concesión de ayudas con el fin de mejorarlo.