El número dos de Rubalcaba no declarará en el caso Faisán por no ser "determinante"

• El juez que investiga el chivatazo a ETA no hará declarar a Antonio Camacho
• Sus comunicaciones con García Hidalgo, que está imputado, eran "lógicos"
• Rubalcaba: "Camacho no tiene nada que ver, se le ha calumniado"

Rubalcaba defiende al secretario de Estado de Seguridad en relación al caso Faisán

El juez Pablo Ruz ha rechazado llamar a testificar a los usuarios de tres teléfonos del ministerio del Interior, entre ellos el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el "chivatazo" que alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los intercambios de llamadas entre Camacho y el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en la causa, "no resultan en todo caso determinantes para el esclarecimiento de los hechos" ocurridos el 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el "chivatazo".

De esta forma, Ruz rechaza la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que, según un nuevo informe del equipo investigador, los testimonios de los usuarios de esos números de teléfono son "irrelevantes para los fines de la presente instrucción".

Rubalcaba exige disculpas por las "injurias"

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado que el nuevo auto conocido este viernes deja "claro" que Antonio Camacho "no tiene nada que ver con esta historia".

Rubalcaba ha incidido en que su número dos ha sufrido en los últimos días "calumnias e injurias de todo tipo" y que no ya en defensa de su buen nombre, sino en el de Camacho, ha pedido a los que han cargado contra el secretario de Estado de Seguridad que "simplemente pidan disculpas".

El ministro de Interior ha defendido que Antonio Camacho es una "persona honorable" y ha añadido que él siempre acata y respeta las resoluciones judiciales le gusten o no.

El pasado 1 de febrero, el magistrado ordenó identificar a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, también imputado.

El juez pedía al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y reclamaba a sus miembros que las pusieran en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".

"Irrelevancia del tráfico de llamadas"

Ahora, a la vista de ese informe policial, deniega la solicitud realizada por la acusación popular de Dignidad y Justicia de que se cite a prestar testimonio a los titulares de las líneas, dada "la irrelevancia del tráfico de llamadas" que achaca a "una relación orgánica y funcional" entre los interlocutores.

Ruz especifica que los citados teléfonos móviles pertenecen a Camacho y a un inspector jefe de la Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Precisa también que el número fijo corresponde a la centralita del Ministerio del Interior.

Así, señala que Camacho cruzó "llamadas esporádicas" con los imputados en la causa que, no obstante, no revisten características sospechosas como sí ocurre con otros contactos por teléfono registrados en la investigación.

"No puede presumirse, con mínima solidez o rigor indiciario, que dichos contactos telefónicos no obedecieran o se ajustaran al normal proceder entre los interlocutores con motivo de sus responsabilidades oficiales", afirma el auto hecho público este viernes.

"Contactos lógicos y razonables de Camacho"

El magistrado precisa en cuanto a las llamadas cruzadas entre el secretario de Estado de Seguridad y el entonces Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, que "resulta lógico y razonable" suponer que dos altos cargos de Interior necesitaran mantener comunicación las 24 horas del día. 

Añade que las llamadas no están interrelacionadas con la delación que tuvo lugar en el bar Faisán y pone de manifiesto que, de hecho, no se produjo ningún contacto entre ambos después de que Joseba Elosúa fuera alertado de las próximas detenciones de miembros del aparato de extorsión de ETA.

En cuanto a los contactos que tuvieron lugar durante los meses de septiembre y octubre, Ruz recuerda que por esas fechas se produjo el cese de funciones de García Hidalgo, que fue sustituido por Joan Mesquida.

Sobre el otro bloque de llamadas, las intercambiadas entre el policía del Centro Nacional de Coordinacióin Antiterrorista y el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, imputado en la causa, Ruz alude a una relación de amistad entre ambos que podría justificarlas. 

El juez ha dictado también este viernes un segundo auto en el que rechaza suspender la identificación y posterior declaración de un confidente de la banda terrorista ETA, como le reclamaba las defensa del Jefe Superior de Policía del País Vasco. Asegura que empleará para este caso "los medios técnicos precisos para impedir el reconocimiento de su voz o permitir la ocultación de su imagen real".

Ruz desestima además en este auto el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa de García Hidalgo.