Amnistía Internacional ha denunciado este martes que los niños ingresados en  centros de protección terapéuticos pueden "ser víctimas de abusos sexuales, malos  tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de  aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en  contra de su voluntad" y todo, con "total impunidad" porque su  existencia y su realidad son "invisibles".

Esta es una de las conclusiones del informe 'Si vuelvo, ¡me mato!. Menores en centros de protección terapéuticos', elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con  trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de  Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de  los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de  toda España.

La organización ha promovido una acción en Internet para exigir al  Gobierno que investigue la situación en estos centros, que elabore  protocolos para contar, controlar y supervisar estos centros y que  emprenda las reformas oportunas para que el poder judicial "sea  visible" en estos casos, porque "la Administración tiene noticia de  todas estas denuncias y aquí lo único que está claro es que no se ha  hecho nada", ha señalado Beltrán.

La investigación sigue la estela de la ya publicada por  el Defensor del Pueblo sobre estos centros porque pese a sus  denuncias "no ha cambiado casi nada".

La mordaza o las celdas de aislamiento, entre los castigos más frecuentes

"Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si le  diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días  aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de  lo que le ocurre a mi hija; el fiscal o la autoridad judicial correctamente me la  quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como  ha documentado AI, no pasa absolutamente nada", ha denunciado en rueda de prensa el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.

Según ha explicado la investigadora de AI Elena Estrada, esto es lo que  ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están  el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de  alimento hasta tres días, encerrarles en "celdas de aislamiento una  semana o dos", prohibir las visitas familiares u obligarles a  permanecer 24 horas de pie.

Además, ha denunciado que en este tipo de centros se aplican  contenciones físicas (sujecciones), mecánicas (ataduras) y  farmacológicas (con medicamentos) "con objetivo de castigar al  menor", y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual  de crisis.  

Fármacos como forma de contención

En este sentido, la organización incide en la violación de derecho  a la salud de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos  con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener  el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han  cumplido 12 años de edad, no reciben información sobre los fármacos  que están siendo obligados a ingerir.

"Cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a  contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión  judicial, ni fiscal y menos autorización judicial, con lo cual, estas  medidas que en muchos casos son violaciones de derechos humanos  dependen del criterio de cualquier educador o cualquier personal de  estos centros", ha denunciado Beltrán. En las cárceles, este tipo de  conductas son "siempre" autorizadas por el magistrado de vigilancia  penitenciaria.

Cerca de 10 internos se han suicidado en los últimos 10 años

En cuanto a los abusos sexuales, "los más difíciles de denunciar y  probar" según la organización, Estrada ha mencionado el "caso paradigmático"  ocurrido en un centro de Cataluña, donde un supuesto educador estuvo  "años" abusando de los niños internados que, a su vez y como  consecuencia, repitieron esta conducta con otros menores. "Muchos de  ellos estaban en el centro precisamente porque habían sido víctimas  de abusos sexuales", ha señalado.

Las consecuencias para estos niños "no pueden ser peores" tanto a  nivel físico como psicológico. Estrada ha recordado que al menos una  decena de menores se han suicidado en estos centros en la última  década por "la falta de diligencia" de los trabajadores para prevenir  esta situación ya que "ni siquiera piensan en retirarles el cinturón"  cuando les ingresan en celdas de aislamiento. 

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Desprotegidos e invisibles

Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según explica el informe, no disponen de  mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus  interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos  son quienes cometen los abusos.

Si la queja prospera y hay juicio, la  citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la  situación incluso antes que el menor interesado.

"Están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables  porque nadie sabe cuántos son y nadie sabe cuántos centros de  protección terapéuticos existen, y porque tanto la Administración  como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan  que se lleven a cabo investigaciones independientes", ha explicado  Beltrán, para incidir en que en un 53% de los casos ni siquiera hay  una decisión judicial que avale el ingreso del niño en uno de estos  centros.