RTVE.ES El Gobierno de facto de Honduras ha suspendido durante 45 días las garantías constitucionales en una declaración encubierta del estado de sitio que amenaza directamente a la prensa y que llega al tiempo que los golpistas redoblan su desafío a la comunidad internacional.

Con esta medida, los golpistas se reservan la potestad de cerrar los medios de comunicación críticos y extienden la prohibición de manifestarse a los partidarios del presidente depuesto Manuel Zelaya. También se autorizan las detenciones sin orden judicial.

La medida --aprobada el 22 de septiembre en consejo de ministros y publicada el sábado en La Gaceta oficial con la firma del presidente de facto, Roberto Micheletti-- ordena el cierre de medios de comunicación que induzacan a la "insurrección" o simplemente "ofendan la dignidad humana o a los funcionarios públicos".

En declaraciones a Radio Globo, Zelaya ha respondido que ese decreto es "una barbaridad que indigna" e hizo un llamamiento al Parlamento para que no lo ratifique, tal y como se prevé en el propio decreto. Además, ha denunciado sin más detalles que desde el 28 de junio, día del golpe de Estado, han muerto más de 100 personas por la represión de las autoridades.

La crisis política hondureña se ha recrudecido desde el lunes pasado, cuando Zelaya llegó por sorpresa a la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

En estos tres meses, el Gobierno de facto ha decretado el toque de queda cada vez que los partidarios de Zelaya preparaban movilizaciones y ha cortado con frecuencia el suministro eléctrico a los medios de comunicación críticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano indpendiente de la OEA, ha denunciado estos "abusos" de poder. La institución confirmó la muerte de cuatro opositores a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe y el Gobierno ha reconocido otros dos fallecimientos esta semana.

Por su parte, el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado ha denunciado que una estudiante universitaria, que padecía asma, ha fallecido a causa de los gases lanzados para disperar una manifestación junto a la embajada de Brasil.

La denuncia la ha hecho el sacerdote Andrés Tamayo, miembro del Frente que agrupa a numerosos colectivos hondureños y que acompaña a Zelaya en su refugio.

Por otra parte, el Gobierno de facto ha amenazado con retirar el estatus diplomático a esa legación si Brasil no entrega o saca del país a Zelaya. También ha impedido la entrada al país de dos funcionarios de la embajada española y cuatro diplomáticos de la Organización de Estados Americanos.