Colombia investiga a la senadora Córdoba y a otros tres congresistas por posibles nexos con las FARC

  • En los documentos revisados, integrantes de las FARC mencionan a la senadora
  • Al parecer, se evidencia "una relación cercana entre las FARC y los parlamentarios"
  • En varias ocasiones los parlamentarios son mencionados utilizando seudónimos
RTVE. ES / EFE - BOGOTÁ La Procuraduría General de Colombia (PGN), ha ordenado este viernes abrir una investigación disciplinaria formal contra tres congresistas opositores, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, por presuntos nexos con las FARC.

La medida ha sido emitida por el procurador general Alejandro Ordóñez y contempla, además de a Piedad Córdoba, a la senadora Gloria Inés Ramírez y al representante a la Cámara Wilson Borja, ambos del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Se evidencia una relación cercana con las FARC

Según la PGN, investigadores de la entidad revisaron el material recuperado, ordenadores y memorias, en la operación que el pasado 1 de marzo de 2008 el Ejército colombiano abatió en un bombardeo a Luis Edgar Devia alias 'Raúl Reyes', número dos de las FARC y a 25 personas más.
 
"Durante la fase de investigación preliminar el Ministerio Público revisó el material probatorio y la evidencia física incautada", precisa la Procuraduría.

Agrega que en los documentos revisados, los investigadores conocieron que integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mencionan o hacen referencia Córdoba, Ramírez y Borja, con lo que al parecer se evidencia "una relación cercana entre la agrupación guerrillera" y los parlamentarios. 

Mencionados mediante seudónimos

La Procuraduría ha pedido a la Fiscalía el traslado de pruebas reunidas por ese organismo entre las que figuran "el documento (...) que contiene la información recogida en el operativo en el que se dio de baja al alias 'Raúl Reyes', donde en varias ocasiones son mencionados los parlamentarios afectados, bien sea por su nombre o al parecer utilizando seudónimos.
 
Desde el momento en que se ordena la apertura de investigación disciplinaria, la PGN tiene seis meses para adelantar la investigación disciplinaria. Durante este tiempo, los implicados también pueden aportar pruebas en su defensa.

La semana pasada el procurador Ordóñez había anticipado que a los mismos parlamentarios, así como al también congresista Jorge Robledo, y al concejal de Bogotá, Jaime Caycedo, ambos del PDA, su despacho abriría una "indagación preliminar", igualmente, por presuntos nexos con las FARC.
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