RTVE.ES / AGENCIAS - BRUSELAS La exigencia de un protocolo adjunto al Tratado de Lisboa en el que se incluyan
las garantías jurídicas pactadas para Irlanda por parte del primer ministro irlandés, Brian Cowen, amenaza con hacer fracasar el Consejo Europeo de Bruselas, que ha aplazado hasta el viernes el debate pese a ser el primer punto del orden del día.
Los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete ni siguiera llegaron a discutir este punto debido a que
"el tema no está maduro", ha señalado una fuente comunitaria
Cowen ha escrito una carta al resto de líderes europeos en la que defiende su petición como necesaria para convocar y ganar un segundo referéndum del Tratado de Lisboa.
Sin embargo, un grupo de países, encabezados por Reino Unido, Polonia o Países Bajos -donde se ha ratificado el Tratado y éste no es precisamente 'popular'-, rechazan prometer a Irlanda un protocolo porque ello podría reabrir el debate sobre la ratificación del Tratado de Lisboa.
Cara a los irlandeses
En sustitución, proponen una decisión del Consejo Europeo, que sería jurídicamente vinculante y no requiere ratificación, pero que
tiene un estatus legal inferior al de protocolo.
"Para dar las máximas garantías legales a los ciudadanos irlandeses, necesito poder decir cuando salga de la reunión, sin temor de ser contradicho, que las garantías jurídicas contenidas en la decisión adquirirán, en su debido momento, el estatus de Tratado a través de un protocolo", responde Cowen en su carta.
Este protocolo se ratificaría junto con el Tratado de Adhesión de Croacia en 2010 o 2011.
Garantías jurídicas Cowen avisa de que "el debate mediático en Irlanda ya está centrado en la forma de las garantías jurídicas" y que por ello está obligado ante su opinión pública a obtener este protocolo.
Dublín quiere que se deje claro que, tras la entrada en vigor de Lisboa,
se respetará la neutralidad militar irlandesa, los temas de fiscalidad seguirán sometidos a la regla de unanimidad y la UE no abordará la cuestión del aborto.
Además,
no se reducirá el tamaño de la Comisión Europea, como preveía este Tratado, sino que seguirá habiendo un comisario por país. Junto a estas garantías, se aprobará una declaración sobre los derechos de los trabajadores y la política social.
La supervisión financiera, más cerca
Mientras tanto, el otro 'frente' de la cumbre parece que se despeja. El primer ministro británico, Gordon Brown
, ha apoyado la reforma del sistema comunitario de supervisión financiera, aunque ha matizado que no aceptará ceder a autoridades supranacionales la potestad de decidir sobre las responsabilidades presupuestarias en caso de problemas en una entidad.
Según la propuesta genérica que ha hecho la Comisión Europea y que deberán discutir los líderes de la UE, las nuevas autoridades europeas de supervisión -para los sectores de banca, seguros y bolsa- se encargarán, entre otras tareas, de mediar
entre los organismos nacionales de supervisión.
Una minoría de países, liderados por Reino Unido, teme dar a esas autoridades la última palabra a la hora de decidir, por ejemplo, cómo repartir las responsabilidades
en caso de quiebra de una entidad con presencia en varios países.
Con todo, según el premier británico, los Veintisiete deben mejorar los mecanismos de detección de amenazas a la estabilidad financiera, aumentar la cooperación entre países en materia de supervisión y garantizar que los estándares y reglas comunes se aplican de manera efectiva.
Por eso, ha asegurado que respalda la creación de un nuevo Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos -encargado de emitir alertas y recomendaciones si detecta riesgos para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto-.
En opinión de Brown, un órgano como éste podría haber evitado "algunas de las cosas que han sucedido" en la actual crisis.
