Ante un envenenamiento masivo sin respuestas

Ciudadanos afectados por el escándalo del envenenamieto masivo por dietilenglicol, caso que costó la vida a más de un centenar de personas en Panamá al ingerir medicamentos contaminados, protestan para despedir al presidente saliente del país, Martín Torrijos, que perdió ante Martinelli en las pasadas elecciones.

Miembros del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida denuncian la falta de respuestas de la administración de Toriijos durante su mandato.

Reunidos en el parque de la Catedral en Ciudad de Panamá, llevan cruces de madera, velas y han colocado dos ataúdes. Además realizarán una parodia del juicio que han estado esperando desde que los hechos saltaron a la luz en octubre de 2006.

En septiembre de ese año empezaron a ingresar en los hospitales de salud pública numerosos pacientes con náuseas, vómitos, diarrea y debilidad general en las extremidades, unos síntomas a los que más tarde se sumaba la imposibilidad de orinar.

El medicamento contaminado era un jarabe genérico recetado para la tos que distribuía gratuitamente la Caja de Seguro Social (CSS) del país. Estaba contaminado con dietilenglicol, un producto de uso industrial no apto para el consumo humano.

La empresa panameña Medicom solicitó glicerina pura para elaborar medicinas a la firma española Rasfer -declarada en quiebra en 2008- y ésta, a su vez, pidió la glicerina a la compañía China Fortune Way Company, la que recibió el producto de Taixing Glycerin Factory.

En lugar de la glicerina, la CSS recibió, sin los controles correspondientes, dietilenglicol -usado para los radiadores de los coches- aunque en los bidones que transportaba la sustancia se leía "glicerina pura".

El caso, investigado primero por el Ministerio Público, pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia, debido a que el máximo tribunal debe decidir sobre la situación legal del director de la CSS, René Luciani, por ser un funcionario con mando nacional. En octubre de 2008, el presidente del grupo Medicom, Angel de la Cruz, era la única persona detenida.

En España, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de las víctimas contra Rafter y también deberá pronunciarse sobre la extradición de la gerente de la empresa, Asunción Criado, para que sea juzgada.

El Ministerio Público de Panamá acreditó la muerte de 129 personas, mientras que el Comité denunció que hubo más de 700. Los familiares, además de justicia, exigen que se paguen indemnizaciones y se mejore el sistema sanitario.