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Cotejarán las huellas de un nuevo sospechoso en el caso del español condenado a muerte

  • Un testigo ha identificado al supuesto criminal del caso imputado a Pablo Ibar
  • El juez ha accedido, tras solicitarlo la defensa, a cotejar sus huellas y ADN
  • El español lleva nueve años en el corredor de la muerte acusado de un triple crimen

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El abogado defensor de Pablo Ibar, Benjamín Waxman (c), interviene en la sesión de apelación de la sentencia en la sede de la Corte Estatal en Ft. Lauderdale, Florida
El abogado defensor de Pablo Ibar, Benjamín Waxman (c), interviene en la sesión de apelación de la sentencia en la sede de la Corte Estatal en Ft. Lauderdale, Florida

El juez estadounidense encargado del caso de Pablo Ibar, el español que permanece desde el año 2000 en el corredor de la muerte acusado de cometer tres asesinatos, ha accedido a que se cotejen las huellas dactilares y el ADN de un nuevo sospechoso con las recogidas en el escenario de los crímenes imputados al español. 

Así lo solicitó el abogado de la defensa, Benjamín Wasman, despues de que el pasado 19 de marzo presentara ante el juez Jeffrey R. Levenson en un tribunal de Fort Lauderdale, al norte de Miami, la declaración de un testigo que asegura que otra persona le confesó que era el autor de los asesinatos.

En una declaración sellada, el testigo, bajo condición de anonimato, señaló que William Ortíz, de 37 años y actualmente preso en la Institución Correccional de Columbia en Florida, es el sujeto que aparece en las imágenes del vídeo de seguridad de la casa donde se cometió el triple crimen. "Conozco a la persona que cometió el crimen. Él me lo confesó. Aquí hay un error, el que cometió el crimen es Ortíz (...) Creo que paga un inocente (Ibar)", afirma. 

Waxman y Alan Ross, el otro letrado de la defensa, presentaron ese día en el 17 Circuito del Distrito Judicial del condado de Broward una petición para que se realice "una comparación del ADN, huellas dactilares y cabello de Ortíz con el ADN obtenido de una camiseta azul (hallada en la casa), cabellos y 33 huellas dactilares sin identificar".

Para firmar la orden Levenson necesita la autorización del Tribunal Supremo, lo que puede llegar esta misma semana, en opinión del abogado de Ibar. Éste volverá a reunirse con los fiscales que representan al Estado de Florida en un nuevo encuentro el 8 de junio.

Si el Supremo autoriza el cotejo de las huellas y el ADN de Ortiz, este proceso se podría prolongar "varios meses", según Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte. Entre otras cosas, habrá que comprobar si el ADN de Ortiz está ya registrado o no en una base de datos y, en caso negativo, habrá que ver si Ortiz se puede negar a que se le tomen muestras de su ADN

Krakenberger afirma que el magistrado, la defensa y los representantes del Estado de Florida están de acuerdo en dilucidar primero si las huellas y el ADN de Ortiz aparecen en el escenario del crimen antes de entrar a evaluar otros aspectos.

Entre otras cosas, la defensa sostiene que en el juicio a su cliente no se respetaron los derechos constitucionales de Ibar porque su anterior abogado, Kayo Morgan, no procuró la asistencia de un experto de identificación facial que analizara las imágenes de la grabación del asesinato para establecer una conexión  con Ibar.

Morgan, reconoció en una sesión pasada ante el juez Levenson que había cometido graves errores en su defensa en el juicio de 2000, cuando atravesaba un período de su vida complicado por los problemas de su esposa, que era drogadicta, así como por su mala salud y debilidad física y mental.

El español, que se muestra esperanzado por el giro que ha dado el caso, está condenado a muerte por los asesinatos en 1994 de Casmir Sucharsky, dueño de un local nocturno, y dos modelos, Sharon Anderson y Marie Rogers, que estaban en su casa de Miramar, un crimen que fue grabado por cámaras de seguridad del domicilio.

Dos son los ciudadanos españoles que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte. Además de Ibar, el sirio español Nabil Manakli está condenado a esta pena en Yemen acusado de perpetrar un atentado, según Amnistía Internacional.