El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que "no cabe" en la ley una ilegalización con "carácter general" de todas las corporaciones gobernadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV), como ha reclamado el PP al Ejecutivo. En  este sentido, Bermejo ha abogado por estudiar los ayuntamientos "uno a uno" por si es posible sacar a ANV de las instituciones.

En declaraciones al programa 59 Segundos de TVE, Bermejo ha explicado que esto último es lo que está haciendo  "ya" la Abogacía del Estado. "Examinar uno a uno aquellos ayuntamientos donde hay gobierno de ANV para ver si se dan los supuestos que la ley contempla" para su ilegalización.

El titular de Justicia ha defendido así que el Gobierno está  estudiando con "detalle" la legislación actual "por si hay  posibilidad de promover una reforma legal" que permita expulsar a ANV de los gobiernos locales, aunque sin "tomar atajos". "No debe olvidarse de que hay filtros de control jurisdiccional,  constitucional e internacional en cualquier decisión que se tome",  ha añadido.

Según Bermejo, la ley permite que, "por razones de interés general", se pueda disolver un ayuntamiento si se refiere a "actos y acuerdos que supongan o apoyo al terrorismo o actuaciones de desprecio a las víctimas". "Si se pueden acreditar esas actuaciones",  ha precisado, "estaremos en la línea de hacerlo".

Críticas al PP
  
El ministro del Interior ha señalado que sería "muy bueno" que siguiera vigente el Pacto Antiterrorista firmado por las dos principales formaciones y ha criticado al PP por "hacer política de partido con el  terrorismo". "Lo que no se puede hacer es volver a utilizar ANV como abanico y distraer la atención, cuando lo que debemos hacer es tratar  esos temas, como se ha tratado la política penitenciaria, llegando a un punto de acuerdo y actuando unidos frente al terrorismo", ha defendido.

En este sentido, Bermejo ha censurado que la moción registrada por el Grupo Popular en el Congreso para pedir la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV se hiciera sin avisar al PSOE y mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y  el líder del PP, Mariano Rajoy, acudían juntos a un "momento tan  terrible" como el de la visita a los familiares del empresario  Ignacio Uria, asesinado por ETA en Azpeitia.