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El ministerio de Consumo ha abierto una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado en 24 horas de RNE cómo incide el boom del alquiler turístico en el mercado inmobiliario. El catedrático ha incidido en que los pisos turísticos sin licencia representan "casi un 10% de la vivienda que está en alquiler regular", algo que "perturba segmentos concretos del mercado donde hay mucha demanda".

Empieza a haber un movimiento contrario a la proliferación de los pisos turísticos, no solo por parte de los vecinos, sino también por los ayuntamientos, como el de Palma, que ha anunciado que va a prohibir su uso. A raíz de esto, José García Montalvo ha señalado que hay una contradicción entre "las externalidades negativas que genera la abrumadora cantidad de viajeros internacionales y las positivas que tiene sobre el crecimiento económico y el empleo". Así, ha insistido en la necesidad de una regularización porque "es una actividad económica": "En términos de rentabilidad, la gran diferencia es cuando es ilegal porque no paga nada de impuestos".

El metro cuadrado en España no deja de subir, aunque su valor oscila según la ciudad a la que nos refiramos. Ciudad Real, Cuenca y Jaén son las provincias mas baratas, mientras que en Madrid, Baleares y Gipuzkoa, el precio es hasta cuatro veces más caro. Este aumento seguirá al alza en los próximos meses, en especial en la vivienda de nueva construcción. La vivienda antigua es algo más económica, pero aun así, no ha dejado de encarecerse.

Los pisos turísticos siguen creciendo, muchos son ilegales, y el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas tener lista antes de 2026 una plataforma estatal única de esos alojamientos. Permitiría unificar datos y normativas y ayudaría a combatir el fraude. Si se cumple ese plazo, España sería pionera en la Unión Europea. Este viernes el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, ha anunciado que suspenderá durante un año, prorrogable a otro, la concesión de licencias turísticas.

El Gobierno ha solicitado la retirada de la modificación de la ley del suelo del orden del día del Pleno del Congreso ante la falta de apoyo, tanto de sus socios de Gobierno como de la oposición. En el 24 horas de RNE con Josep Cuní hablamos con María José García-Pelayo, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias y con Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).

La presidenta de la Federación de Municipios y Provincias explica que el Gobierno de España “no nos ha consultado ni se nos ha planteado la posibilidad de abrir un diálogo en relación con la ley, por tanto, no ha habido un pronunciamiento por parte de la Federación”. “La Federación no puede respaldar una ley que no conoce”.

Es la segunda vez que el Gobierno intenta llevar a trámite esta ley, lo intentó en la anterior legislatura, pero el adelanto electoral impidió que se llevará a votación a la Cámara Baja: “Hubo una declaración institucional de año 2022 y lo cierto es que en esa declaración se pedía que se modificarán la ley para que hubiera seguridad jurídica”, explica María José García-Pelayo.

Por otro lado, Beatriz Toribio, admite que aunque desde su asociación les hubiera gustado que la andadura de esta ley del suelo hubiera comenzado antes, "esperar unos meses más no va a ser tan grave". Y añade: "Es muy necesaria para que consigamos hacer frente al grave reto que es la accesibilidad a la vivienda como consecuencia de la falta de oferta" y alude a la necesidad de consenso en la negociación en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Toribio destaca que el suelo representa el 40% del precio de la vivienda, y que esa falta de suelo provoca falta de oferta de vivienda. "Necesitamos vivienda de más calidad y sostenible [...] Se puede crear una industria de la vivienda. Esto genera oportunidades, sobre todo empleo", sentencia la secretaria general de APCE.