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La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la decisión del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por parte del Ministerio del Interior por la pérdida de confianza en un cargo de libre designación. Asimismo, Montero ha respaldado la libertad del ministro Fernando Grande-Marlaska y de la directora de la Guardia Civil para formar a sus equipos y ha advertido que seguirá habiendo renovaciones.

El Ministerio de Interior reconoce que la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid fue por no informar de las investigaciones de la Guardia Civil, entre ellas la del 8-M. Así aparece en la propuesta de cese a la que ha tenido acceso TVE; un documento que contradice al ministro Fernando Grande-Marlaska, que lo atribuyó a una reestructuración de equipos. La oposición le acusa de mentir y pide su dimisión.

La juez que investiga la manifestación del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado imputar en esta causa al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, porque, alega, ya ha sido denunciado en otros juzgados. Por otro lado, la Abogacía del Estado ha remitido un escrito a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M en el que critica el informe "con claro sesgo acusatorio" de la Guardia Civil y "las continuas sospechas y comentarios suspicaces" que contiene.

La Abogacía del Estado considera que el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M "no analiza evidencias científicas" y es "de claro sesgo acusatorio", en un nuevo recurso presentado a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, al que ha tenido acceso TVE, en el que pide que se anule la declaración como imputado del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por prevaricación administrativa al haber autorizado la marcha.

La Abogacía del Estado considera que el informe de la Guardia Civil sobre la marcha feminista del 8M tiene "un claro sesgo acusatorio", según un nuevo recurso presentado a la juez Carmen Rodríguez Medel, que instruye la investigación por la que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha sido citado a declarar como investigado por prevaricación al haber autorizado la marcha. Por su parte, la asociación que representa a la acusación en este caso ha pedido que se impute además al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por desobedienca y denegación de auxilio. Mientras, se han producido tres salidas de altos cargos de la Guardia Civil, tras el cese de, coronel Diego Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid "por pérdida de confianza", se produjo la dimisión de su número dos, Laurentino Ceña y después ha sido relevado el número tres, el teniente general Fernando Santafé. [Coronavirus: última hora en directo]

El director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este jueves desconocer de qué trata la denuncia que ha interpuesto la Asociación contra la Gestión del Coronavirus contra él. "Ahora mismo no estoy para centrarme en este tipo de cosas. [...] Ahora estoy centrado, al igual que todo el ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Estamos dejándonos la piel en ello", ha advertido.

Hay novedades en la causa judicial abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por no prohibir las manifestaciones del 8-M por el coronavirus. La Abogacía del Estado ha recurrido la investigación y en su escrito, acusa a la juez instructora de abrir una "causa general" y "prospectiva" contra la gestión de la crisis sanitaria, que además, vulnera la normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna. Critica también las diligencias ordenadas por la jueza. Entre ellas, está el polémico informe elaborado por la Guardia Civil que señala que el Gobierno conocía desde enero los riesgos de la Covid-19.