El delegado del Gobierno en Madrid ha declarado este miércoles ante la juez que instruye el caso sobre las marchas del 8M y que investiga si José Manuel Franco cometió prevaricación al no prohibirlas. Él sostiene que cumplió con la ley.
Ha declarado que él no tiene competencia en materia de Sanidad, sino solo en Seguridad Ciudadana, y ha afirmado que no puso en peligro la vida de nadie, porque, a principios de marzo, no había recomendaciones de los expertos que permitiesen limitar un derecho fundamental como el de manifestación.
Además, Franco ha señalado que los contagios se dispararon el 9 de marzo y que, con el tiempo de incubación de la enfermedad, es imposible que se produjesen durante la manifestación del 8M.
En el Juzgado de Instrucción Número 51 de la capital, también han declarado tres funcionarios de la Delegación de Gobierno en calidad de testigos.
El delegado del Gobierno en Madrid defiende que actúo con arreglo a la ley y de acuerdo a la opinión de los expertos. También ha recordado que había otro gran número de eventos en Madrid y ha mostrado su desacuerdo con el informe elaborado por la Guardia Civil.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este miércoles tras comparecer ante la juez que investiga el caso del 8M, que "no se siente responsable". También ha señalado que tiene "un gran respeto a la Guardia Civil como institución pero que no puede estar de acuerdo con el informe que han hecho". "No puedo considerarme responsable del 8M porque en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando había actos que se estaban produciendo en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales". Además, ha defendido que el aumento de casos del día 9 de marzo no tiene que ver con la manifestación del día anterior.
La Fiscalía de Bérgamo pedirá información a varios ministros, entre ellos a Giuseppe Conte, primer ministro del país transalpino. Quieren saber por qué no se aislaron a tiempo dos municipios de Bérgamo, uno de los focos de la infección. Hace días fueron interrogados el presidente y el consejero de Salud de la región, que adujeron que cerrarla era competencia de Roma.
La pandemia de coronavirus se ceba especialmente en América Latina, con más de 1,2 millones de contagiados y 60.000 fallecidos. El país más castigado es Brasil, donde el Tribunal Supremo ha obligado al presidente, Jair Bolsonaro, a actualizar los datos tras varios días de apagón informativo. [Coronavirus: última hora en directo]
El ultraderechista Bolsonaro, que suele seguir los pasos del presidente de EE.UU., Donlad Trump, ha valorado la posibilidad de que Brasil abandone la OMS cuando termine la pandemia y ha acusado a la organización de sesgo ideológico y de parecerse más a un partido político.
En Brasil, siguen muriendo cada día más de 1.000 personas por coronavirus y la pandemia continúa en expansión: ya supera los 38.000 decesos y los 700.000 contagios.
La magistrada Carmen Medel ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía que pedían la nulidad de las actuaciones y la paralización de las mismas, entre otras cosas, así como alegar la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien mantiene su citación de este miércoles.
El año pasado se cumplieron tres décadas del asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otros cuatro religiosos en 1989 en El Salvador. Este lunes ha comenzado en Madrid el juicio contra varios de los presuntos responsables, entre ellos, un antiguo alto cargo del gobierno salvadoreño. Aunque no todos se sentarán en el banquillo de los acusados. René Yushy Mendoza, exteniente del ejército y miembro del batallón que ejecutó los asesinatos, pasa a ser testigo porque sus delitos se consideran prescritos.
