Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Aprovechando la reforma del Código Penal, el Gobierno ha propuesto también cambiar los requisitos para renovar el Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, rebaja las mayorías necesarias para aprobar los nombramientos.

Además, la enmienda de PSOE y Unidas Podemos deja por escrito que esos nombramientos son obligatorios y que los vocales que incumplan con su deber podrían incurrir en responsabilidades penales. La oposición habla de asalto al Poder Judicial y Vox ha anunciado una moción de censura.

El Gobierno de coalición, de PSOE y Unidas Podemos, ha registrado dos enmiendas a la proposición de ley de reforma de la sedición en el Código Penal que se tramita en el Congreso para desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Mediante la primera de esas enmiendas, los partidos del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, proponen cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional, según la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Además, establecerá un plazo para esa elección que, si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal". La otra enmienda que ha presentado el Gobierno para desbloquear la renovación del Constitucional, permitiría al Ejecutivo y al máximo órgano de los jueces hacer su nombramiento, aunque la otra parte no lo haga en el plazo fijado.

El Gobierno prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal con una serie de cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional, según han informado fuentes del Gobierno a RTVE. Mediante esas enmiendas el Gobierno quiere cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Y, además, establecerá un plazo para esa elección que si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal". La otra enmienda que presentará el Gobierno, permitiría al Ejecutivo y al máximo órgano de los jueces hacer su nombramiento aunque el otro órgano no lo haga en el plazo fijado.

Foto: Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid. Carlos Luján / Europa Press

El Gobierno prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal para hacer cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional, según han informado fuentes del Gobierno a RTVE. Mediante esas enmiendas el Gobierno quiere cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Y, además, establecerá un plazo para esa elección que si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal". FOTOGRAFÍA: CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS.

En vísperas del 44 aniversario de la Constitución, en Las Mañanas de RNE hemos querido preguntarle a María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de Magistratura, sobre cómo afecta la falta de renovación del CGPJ a la norma y a nuestra democracia. La magistrada cree que se trata de una evidencia de que "el Ejecutivo ha absorbido al Legislativo y el Legislativo sigue las órdenes del Ejecutivo", algo que a su parecer viene ocurriendo desde hace tiempo: "Al final el Consejo General del Poder Judicial queda como un órgano de gobierno reducido en sus competencias y que hace casi lo que le dejan hacer", ha señalado. 

Del Barco opina que, viendo el comportamiento de senadores y parlamentarios, le resulta muy difícil creer que puedan llegar a un acuerdo de ningún tipo y duda que "en un horizonte próximo" exista esa posibilidad de renovación del Consejo: "Parece lo razonable que, por tanto, se proceda al inmediato nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional", ha indicado. 

La ley del solo sí es sí y la designación de Campo para el Tribunal Constitucional ha marcado el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz popular, Cuca Gamarra, en el Congreso. Desde el PP, reproches por no decir "ni una sola palabra" sobre las víctimas de violencia sexual, mientras que Sánchez acusa al principal partido de la oposición de no ser "democrático, ni constitucional" por bloquear la renovación del Poder Judicial.

En Las Mañanas de RNEJuan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, ha valorado el dato del IPC adelantado del mes de noviembre, que se sitúa en el 6,8%, medio punto por debajo que en el mes de octubre, y ha insistido que en ningún caso nos “podemos relajar” porque, asegura, “todavía estamos muy lejos del 2% que marca el BCE.

Hoy el Gobierno va a nombrar al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general de Presidencia, Laura Díez, como nuevos magistrados del Constitucional y no espera más a que el CGPJ designe a sus dos candidatos. Sobre ello, Bravo se ha mostrado crítico y que con estas decisiones “entendemos por qué Sánchez no quería ese acuerdo porque hubiese limitado este tipo de nombramientos” y que esta determinación “pone de manifiesto cómo entiende un partido que debe ser la justicia.” En relación con las pensiones, Bravo ha manifestado que hay conseguir que el sistema de pensiones “sea sostenible para que nadie ponga en duda la protección a esa parte de la sociedad.”

El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según ha podido confirmar RTVE.

El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Foto: EFE/Román Ríos