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La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, ha estado en La Hora de la 1 para explicar las novedades que incluyen los nuevos decretos de vivienda y de alquiler que ahora tienen que ser aprobados por la Diputación Permanente del Congreso.

Entre ellas ha explicado que el decreto de vivienda suspende hasta 2030 que los fondos buitre puedan desahuciar a personas vulnerables siempre y cuando lo acrediten servicios sociales. También ha asegurado que los fondos de inversión no recibirán ninguna compensación hasta que no "haya garantía de una alternativa habitacional". "La norma también refuerza que las administraciones autonómicas y locales garanticen esa alternativa habitacional", ha asegurado.

Sobre los préstamos de 50.000 euros a interés cero "que pueden corresponderse con la entrada para comprar una vivienda", Iglesias ha explicado que los puede pedir cualquiera a quien un banco le pueda conceder una hipoteca y que la devolución al Estado se realiza una vez se haya amortizado con el banco el crédito hipotecario.

Leire Iglesias también han asegurado que la norma también va a perseguir que se cometa "fraude" con el alquiler de temporada.

Fotografía: Photo by Richard Zubelzu / NurPhoto vía Getty Images

Hablamos con Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España

"A los jóvenes ya no les sirve trabajar para poder pagarse el alquiler"

Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, ha advertido en "Las Mañanas de RNE" que "sólo el 14,5% de los jóvenes puede emanciparse en la actualidad", el peor dato desde que existen registros del organismo. Durante su entrevista, ha asegurado que "ya no sirve con trabajar" porque el precio medio del alquiler "equivale casi al 99% del salario medio de una persona joven". Henry ha denunciado que pagar el alquiler ha elevado el riesgo de pobreza juvenil "a más de un 55%", y ha resumido la situación afirmando que "los jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes".

La presidenta del Consejo de la Juventud de España también ha defendido que "comprar se ha convertido en una utopía", y ha reclamado más urgencia política para afrontar la crisis de vivienda. Henry ha pedido a las administraciones "a construcción de un parque de vivienda pública con una reserva para la gente joven" y la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Además, ha lamentado que "los problemas de la juventud son de segunda división", y ha asegurado que las personas jóvenes sienten que sus propuestas "no se tienen en cuenta como las de otras generaciones".

El Ministerio de Vivienda ha dado pasos para proteger la vivienda, presentando su plan hasta 2030 con una dotación histórica de 7.000 millones de euros, que permitirá crear un sistema público comparable al de otros países europeos. La ministra ha anunciado también un teléfono de información para orientar a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la vivienda. En este contexto, en el 24 Horas de RNE hemos hablado con David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

Lucas ha explicado que "hemos invitado a las comunidades autónomas a que aporten más recursos económicos, el Estado aportaría el 60% de sus 7.000 millones y estas, el 40%", destacando la colaboración entre administraciones como clave para garantizar su éxito. Además, ha señalado que "hemos venido acordando los diferentes parámetros del plan estatal de vivienda, incorporando sus propuestas y creo que estamos cerca de poder establecer mecanismos de entendimiento que lo posibiliten".

El secretario de Estado ha insistido en la importancia de la protección a largo plazo: "es posible que podamos tener un parque público y protegido de vivienda que no se vea perturbado con el tiempo" y que "aquello que se financie con recursos públicos tendrá una protección permanente e indefinida, para que no solo las generaciones presentes, sino también las futuras, puedan beneficiarse de esas viviendas a precios limitados". Según Lucas, "este es un asunto fundamental para los jóvenes, que son el sector de la población que más padece la desigualdad de oferta que tenemos".

Un informe de UGT concluye que, con el salario medio en España, se necesitan hasta 52 años de trabajo para pagar una vivienda. El sindicato propone usar el precio de la vivienda como referencia para subir los sueldos. Además, escuchamos las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda que hace Eduardo Gutiérrez, Codirector General de la Asociación Provivienda.

“Le damos siempre una vuelta a la vivienda sin atajar el problema: tenemos un gran problema de oferta, y la oferta de vivienda es dinero”, ha apuntado en Las Mañanas de RNE Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), quien considera además que este problema no se va a solucionar “con anuncios de corta y pega”, en relación con las medidas anunciadas por el Gobierno. En esta línea, apunta que la ayuda de los créditos ICO es “una medida muy estrecha, muy difícil de administrar”, y en la que “hay aspectos de tipo práctico que pueden dificultar la administración”, pero opina que “está en la buena dirección”.

Según el último estudio, que fue publicado en 2020, en España habría cerca de 26 millones de viviendas,  de las cuales tan solo un 2,5% serían de carácter social, unas 650.000.  De estas, el parque social de alquiler suma apenas 290.000 inmuebles, principalmente habitados por migrantes, pero tan solo el 5% cuentan con un precio por debajo del valor de mercado.

Informa Blanca Pascual.

En Las Mañanas de RNE hemos hablado con Jesús Leal, catedrático de sociología de la universidad Complutense de Madrid y experto en desigualdad urbana, sobre la recientemente aprobada Ley de Vivienda: “El Estado debe ser más responsable a la hora de garantizar la vivienda a los ciudadanos y es un problema porque partimos de un volumen muy bajo”, ha señalado. Sobre la publicación de 50.000 viviendas de la Sareb, Leal destaca que el número disponible en las zonas que más lo necesitan es “muy bajo”, y cree que en cada área debería atenderse a unas necesidades específicas. Cuestiona también que en algún momento se pueda llegar a un acuerdo con los grandes tenedores, a los que considera en una “buena parte” especuladores,  y señala que si en los próximos 25 o 30 años España pudiera llegar al 9% de vivienda social que alcanza Europa, “podríamos darnos con un canto en los dientes”.

Desglosamos con nuestra compañera de EconomíaBlanca Pascual, los puntos que incluye la recientemente aprobada Ley de Vivienda y entre los que destaca laregulación de todos los alquileres en las zonas tensionadas, donde los contratos de los pequeños propietarios se renovarán congelando la renta en virtud del alquiler anterior. Y, en el caso de los grandes, se aplicará el índice de contención de los precios. Desaparece el IPC como índice de referencia en la actualización de los precios del alquiler y se elaborará uno nuevo a partir de 2025. Además, se reducen a cinco los alquileres para ser considerado "gran propietario", que también podrán ser consideradas las personas físicas, y los costes inmobiliarios correrán sempre a cargo del propietaro, que tampoco podrásubir el alquiler sumando otros gastos como el de comunidad.

A la espera de conocer los datos del INE sobre lasejecuciones hipotecarias, nuestra compañera Minerva Oso ha hablado con algunas personas afectadas por la hipoteca y que le han relatado el acoso efectuado por los bancos para recibir los pagos. “Te quitan la autoestima, las ganas de vivir”, indican quienes no pueden hacer frente a estos cobros y subrayan que esta situación les impide tener un proyecto de vida.

“Toda la crisis que tuvimos la década anterior es porque los bancos no fueron responsables", subrayaPatricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), quien culpa a los bancos de garantizar hipotecas a personas que, saben, no serán capaces de afrontar los pagos. Asimismo, hace un llamamiento a la vicepresidenta Nadia Calviño, para que revise con la banca la situación actual para poder ampliar las medidas que ayudan a hacer frente a los pagos de las hipotecas, y reclama que las entidades, en contra del Código de Buenas Prácticas Bancarias, desarrollen un acoso sistemático a los afectados.

Los vecinos de San Fernando de Henares llevan años conviviendo con el miedo a que sus casas se conviertan en ruinas. La ampliación de la línea 7 de metro ha provocado daños muy graves, con más de 600 familias afectadas. Allí están los compañeros del área de Madrid de RNE y Graciela García ha podido hablar con Iván Fuentes, uno de los afectados.

Iván se quedó sin casa con 20 años y es el director del documental y la obra de teatro "Vidas Rotas: Un documental en tres actos”. "Me cuesta acostumbrarme a este paisaje, falta algo y es mi casa y la de mis vecinos. Pensábamos que tras ver nuestra casa derribada, poco a poco lo superaríamos, pero por el maltrato que estamos viviendo cuesta mucho que la herida cierre", nos cuenta en Las Mañanas de RNE. Iván expresa que no encuentra ni empatía ni humanidad por parte de la Administración y gracias al documental puede visibilizar el sufrimiento. "Estamos desgastados, esto nos está consumiendo poco a poco. Por suerte no nos podemos comparar con Ucrania ni Turquía porque no hay daños humanos, pero esto nos está matando a todos los vecinos".