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El nuevo Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos tendrá cuatro vicepresidencias y 18 ministerios, después de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Los nombres que ya se conocen son el de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, la de Igualdad, Irene Montero, ministro de Sanidad: Salvador Illa, ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y el ministro de Universidades, Manuel Castells. Sin embargo, aún se desconoce quién llevará la cartera del Ministerio de Sanidad, Cultura y Política territorial. 

La jurista guipuzcoana Arancha González Laya se hara cargo del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El Gobierno de Pedro Sánchez ha querido dar a este departamento un perfil más económico. Fernando Grande Marlaska en Interior y Reyes Maroto en Industria están ya confirmados. nombres que se añaden los de Margarita Robles en Defensa, Luis Planas en Agricultura, Pesca y Alimentación, Pedro Duque en Ciencia, sin Universidades y Jose Luis Ábalos cuyo ministerio pasa a llamarse Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Isabel Celaa se mantiene en Educación y Formación profesional pero ya no será ministra portavoz. Se confirma que salen del gobierno el ministro de Cultura, José Guirao y María Luisa Carcedo de Sanidad, este ministerio ya no tendrá las competencias de Consumo que ahora llevará Alberto Garzón.

El nuevo Gobierno de coalición, encabezado por Pedro Sánchez, contará con cuatro vicepresidencias, una estructura en el Ejecutivo inédita en la historia de España, en la que también por primera vez habrá tres mujeres vicepresidentas. Serán Carmen Calvo, Nadia Calviño y la última en ser anunciada este jueves, Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Otra de las vicepresidencias, la de asuntos sociales, será para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. 

La presidenta del Senado Pilar Llop, en su entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, ha evitado criticar a Unidas Podemos por dar a conocer quienes van a ocupar sus ministerios y ha recordado que será Sánchez quien dirija ese ejecutivo. Llop también ha defendido la legitimidad del pacto con Esquerra, afirmando que "es un grupo político que legítimamente se encuentra representado en el Parlamento" y por tanto "todos los espacios de pactos y diálogo son válidos, siempre que estén dentro de la constitución". Además, ha hecho un llamamiento apelando a "la responsabilidad de las fuerzas políticas" para llegar a "un debate constructivo" y ha pedido "que la oposición sea de Estado, no contra el Estado". Pilar Llop, que además es magistrada experta en violencia de género, ha inisistido en la necesidad de proteger el Pacto de Estado y ha asegurado que "no puedo admitir que se niegue la existencia de la violencia de género".

El portavoz del grupo socialista en el senado, Ander Gil considera que "lo normal es que el Presidente del Gobierno se tome un tiempo antes de nombrar a sus miembros" respecto al retraso de Pedro Sánchez al nombrar la composición del Gobierno.

En conversación con Antonio Delgado en 24 horas de RNE, Ander Gil cree que "los retos a los que se enfrenta el Gobierno de coalición progresista no son pocos ni fáciles. Por eso su composición se debe hacer de manera cuidadosa y atendiendo a muchas variables que solo tiene en la cabeza el propiopresidente del Gobierno".

Respecto a lapremura con la que se convocó el pleno de investidura, el portavoz del PSOE en el senado afirma que "tomarse unos días, significa también poner en marcha rápido el Gobierno".

Hoy mismo se ha anunciado un protocolo de actuación entre PSOE y Unidas Podemos: "Se trata de una experiencia inédita en la que todos tenemos que aprender a desarrollar, también desde el punto de vista informativo. Hay que arbitrar fórmulas para que el Gobierno funcione de manera ordenada y cohesionada".

A la espera de la formación del Gobierno, las estrategias de oposición se ponen en marcha: el PP presentará en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos mociones para que el PSOE se pronuncie en cada territorio sobre el acuerdo de Sánchez con ERC. El líder del partido, Pablo Casado. ha empezado a definir la estrategia de su partido y, a diferencia de VOX, rechaza participar en protestas en la calle.

Pedro Sánchez llamará este jueves a Quim Torra para concretar un encuentro entre ambos y perfilar así los detalles de la mesa de negociación acordada entre ERC y el PSOE. Los republicanos quieren cobrarse ya sus 13 abstenciones y aprietan para que se cumpla el pacto con los socialistas: que la mesa de diálogo se reúna como muy tarde 15 días después de la formación de gobierno.

Por otra parte, el Govern, que continúa sin aceptar la inhabilitación de Torra ni como diputado ni como president, ha insinuado que facilitará al líder de ERC, Oriol Junqueras, su viaje al pleno de la Eurocámara del próximo lunes, incluso si el Tribunal Supremo, que abordará este jueves su futuro inmediato tras ser reconocido eurodiputado por la justicia Europea y después de la inhabilitación de la Junta Electoral Central, no lo permite.

El reto más inminente del nuevo gobierno es conseguir apoyos para aprobar los Presupuestos Generales de 2020. Las últimas cuentas, las únicas prorrogadas dos veces hasta la fecha, son las que diseñó Montoro en 2018. Recomponer el pacto de Toledo, reforzar el diálogo social o negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional son otros retos. El incremento del sueldo de los funcionarios ya está pactado y comunicado a Bruselas, que vigilará con lupa que el aumento del gasto sea compatible con la reducción del déficit y la deuda. Si el agujero crece, los presupuestos podrían vulnerar el artículo 135 de Constitución. Y un frente más; en ocho meses tiene que haber una propuesta para reformar la financiación autonómica porque está escrito en el pacto de investidura con Compromís.