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El Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros, un 5,5% más. Una subida importante pero menor que la del año pasado cuando el anterior Gobierno de Sánchez actuó por decreto y sin apoyo de los empresarios. El acuerdo supone reactivar el diálogo con los agentes sociales.

Informan Esperanza Martín y Diego Aragón

El Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros este año tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal, un 5,5% más que en 2019, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo elevó un 22,3%, hasta los 900 euros. Así lo han anunciado este miércoles la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva.

"Es de agradecer que se convoque al diálogo social" porque "no nos gusta la vía de los Reales Decretos", ha dicho Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la CEOE, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso en referencia a la reunión que la ministra Díaz mantendrá hoy con patronal y sindicatos. La subida del salario mínimo, uno de los temas que se tratarán en esta reunión, es una cuestión que no convence a Amor, que pide "claridad" y asegura que "ni la economía ni los beneficios de los autónomos han subido al mismo nivel que el SMI". Además, ha avisado de las consecuencias negativas que puede tener para el empleo, y por eso ha pedido la actualización de los contratos públicos.

En busca de acercar posturas con patronal y sindicatos para subir el Salario Mínimo Inter-profesional, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunirá mañana con los representantes de la CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras. Sobre la mesa, el compromiso del gobierno de que el salario mínimo alcance el 60 por ciento del salario medio al final de la legislatura. Informa Esperanza Martín.

El gobierno de coalición PSOE-Podemos da sus primeros pasos con las tomas de posesión de ministros y vicepresidentas, antes de comenzar a trabajar mañana de manera oficial. En ese primer Consejo de Ministros se votará la subida de las pensiones de un 0,9%.

El nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que se actualizarán las pensiones según el Índice de Precios de Consumo (IPC). 

"Garantizaremos la actualización de las pensiones conforme al IPC, pero nuestra propuesta también pretende cerrar de forma rápida y efectiva el déficit actual de la Seguridad Social", ha afirmado durante su toma de posesión.

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha expresado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso precupación porque las competencias de Seguridad Social estén desde ahora en un ministerio propio y ha pedido reuniones "cuanto antes" para coordinar la labor de la inspección de Trabajo y que "sigua funcionando como hasta ahora".

Unai Sordo, secretario general de CC.OO., se ha mostrado sorprendido por el nombramiento de José Luis Escrivá, hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como ministro de Seguridad Social, porque no estaba en las quinielas.

Asegura tener relación con Escrivá por su puesto anterior y espera que su intención sea garantizar el futuro de las pensiones, derogar la reforma de 2013, y elaborar unos presupuestos que las garanticen. En este sentido explica que hay estudios precisamente de la AIReF, que pronosticaban que el gasto en pensiones se incrementaría en 3 puntos del PIB porque los pensionistas viven más años y cobran más, y que coincide con el planteamiento de CC.OO. Pero la cuestión, explica, no es pronosticar cuánto se incrementa el gasto sino cómo se va a asumir, y eso es cuestión de decisión política.

Con Escrivá asegura entonces que han tenido contactos y que espera que la relación sea fluida, pero que la relación nunca es fácil, porque defienden intereses distintos.

La separación de Trabajo y Seguridad Social no le parece buena idea. Cree que son dos ministerios íntimamente relacionados. Pero llegados a este punto, asume que ahora se trata de garantizar la comunicación de ambos.

El Gobierno reconoce la ralentizacón del empleo pero ve una evolución positiva. Y cree que se ha pasado página la crisis de hace 11 años.

Para los empresarios sin embargo, los datos de hoy son una muestra de la desaceleración que sufre nuestra economía. Y muestran, al igual que el PP, su preocupacion por el acuerdo entre PSOE y Podemos

Los sindicatos, en cambio, esperan que el nuevo Gobierno ponga en marcha medidas beneficiosas, a su juicio, para acabar con los empleos precarios.

El paro ha bajado en diciembre en 34.579 personas respecto al mes anterior, el menor descenso anual desde 2013 y en los últimos doce meses, el número de parados ha descendido a 38.692 con un ritmo de reducción interanual del 1,21%. Por otro lado, han aumentado los contratos indefinidos a jornada completa y se ha registrado un crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social, especialmente en las mujeres, que han alcanzado las cifras más altas desde que hay registros, con un 46,68% del conjunto de los trabajadores.

Este jueves hay movilizaciones convocadas por el sindicato de la función pública CSIF en distintas ciudades españolas, para exigir que el próximo mes de enero se aplique ya la subida salarial del 2% para los empleados públicos. Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso entrevista a Miguel Borra, presidente del sindicato de la función pública, CSIF.

El gobierno en funciones rebaja el importe que usará del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad de las pensiones. Finalmente será de 2.900 millones de euros, unos 700 millones menos de lo estimado en un principio. En la hucha de las pensiones permanecerán, según la ministra Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, 2.150 millones de euros.

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición continúan y la última propuesta sobre la mesa es la de separar la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Así, la Seguridad Social quedaría en manos de cargos socialistas y Trabajo, sin esas competencias, de la mano de Unidas Podemos. Pero, ¿qué implica esta separación?

La Seguridad Social tiene la partida más abultada dentro de las cuentas públicas. Pero además de gastos como las pensiones, la Seguridad Social también controla ingresos entre los que se incluyen las cuotas que pagan empresarios y trabajadores. Y luego está la responsabilidad de dirigir este departamento: por un lado ante la Unión Europea que establece controles sobre la deuda pública, y sobre los ciudadanos para garantizar el sistema de pensiónes público.

Mientras el PSOE sigue manteniendo sus contactos con los partidos políticos del Congreso para intentar cerrar la investidura de su candidato, Pedro Sánchez, los socialistas y Unidas Podemos continúan negociando los detalles de su pacto para un gobierno de coalición.

Según ha podido saber Radio Nacional de España ya se están efectuando los primeros repartos, en este caso en el Ministerio de Trabajo. La Seguridad Social quedaría separado de este departamento e iría para cargos del PSOE. El resto de competencias de Trabajo serían para Unidas Podemos. Yolanda Díaz es el nombre que más suena en estos momentos.

Todo esto cuando comienza un fin de semana en el que los partidos preguntan a sus bases si respaldan este este acuerdo. En Ferraz han llamado al voto a casi 180.000 militantes. Sánchez por carta, y Carmen Calvo y Adriana Lastra por vídeo han hecho campaña por el “sí”. El resultado de la consulta socialista se conocerá el sábado por la noche. Habrá que esperar un poco más para conocer la decisión de las bases de Podemos, Izquierda Unida y los comunes ya que la consulta se alargará unas horas más. En todos los casos se da por hecho el sí de la militancia.