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El Centro Nacional de Inteligencia investiga un ataque a teléfonos móviles de ministros y de altos cargos durante el mes de agosto, según publica El Confidencial. Uno de los afectados es el del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Supuestamente su móvil fue hackeado y quedó prácticamente inutilizable.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo en una entrevista en Los Desayunos de TVE ha afirmado sobre las noticias que se van conociendo del rey emérito que “tenemos que tener confianza en los tribunales y que se puedan aclarar esas noticias preocupantes. Tenemos un estado de derecho muy sólido donde la justicia es igual para todos y existe una presunción de inocencia. Partiendo de esta premisa, evidentemente hay preocupación con esto”. Además, Campo ha añadido que “creo que tenemos que estar confiados en la institucion, en la monarquía, protegerla porque creo que el rey Felipe VI está dando pasos muy importantes para dotar de mayor transparencia el ejercicio de la Casa Real y creo que ese es el sentido que tiene que avanzar la jefatura del estado”.

El senador del PP Luis Alberto Plaza Martín ha preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “a quién pertenece la Fiscalía General del Estado” en la sesión de control al Gobierno en el Senado. En su pregunta, ha acusado al Gobierno de dar “instrucciones políticas” para cuestiones como el archivo de la causa del 8M o en el juicio del ‘procés’ y a Campo de “emerger una pretendida crisis constituyente” que, según ha dicho, “no existe”. “No interfieran en la labor de la Justicia, ¿quiénes les dan poderes para plantear incluso un cambio de régimen?”, ha preguntado.

Campo, por su parte, ha dicho no “consentir” que se “enturbie la labor de cada uno de los fiscales en su cometido constitucional” y ha zanjado que la Fiscalía “es un órgano claramente constitucional que tiene autonomía”. “Su función es clara, promover la acción defensa, legalidad y el marco constitucional”. Le ha dicho al senador que si no le gusta el modelo, “promueva una reforma”, pero que en ese caso “se enfrentará a la Constitución”, y ha tachado de “papel mojado” su defensa de la Carta Magna.

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Javier Jordán, responsable del área de justicia en el sindicato CSIF ha comentado que había que recuperar la actividad, pero ha aclarado que “la justicia no se ha parado” y se ha seguido prestando “durante toda la pandemia”. Desde el 12 de mayo comenzó una reincorporación generalizada de todo el personal de justicia que ha terminado este martes, cuando se ha incorporado toda la plantilla. “Siempre hemos puesto como prioridad preservar la salud de los funcionarios de justicia que es como preservar la salud pública”, ha señalado Jordán que ha lamentado que la seguridad haya sido “desigual” en las diferentes instituciones y territorios. “Faltan mascarillas, mamparas y los sindicatos necesitamos información sobre la incidencia del COVID en el personal de justicia”, ha indicado el responsable del área de justicia en el sindicato CSIF en el programa 24 horas de RNE. “Cada juzgado, fiscal, letrado, etcétera, actúa como considera”, ha puesto sobre la mesa, en relación a la falta de protocolos desde el Gobierno. Javier Jordán también ha mostrado su preocupación por el diálogo colectivo. “Estamos en el eterno día de la marmota con la renovación de la Justicia”, ha comentado y ha pedido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que escuche a los sindicatos y convoque la mesa de negociación. Jordán ha expuesto que es necesario conocer el volumen del trabajo suspendido estos tres meses y aplicar medidas para poner al día el retraso que ha producido la pandemia.

Jorge Fernández Vaquero, Magistrado de Violencia sobre la Mujer en Vitoria y portavoz nacional de la Asociación Judicial independiente Francisco de Vitoria ha comentado que la atención a víctimas de violencia de género no ha parado y ha continuado asistiendo al juzgado con una “sensación extraña”. Sobre la falta de material, ha indicado en el programa 24 horas de RNE que “se está saliendo adelante por la voluntad de todos”. “Hay carencias que hacen muy difícil el desarrollo de la justicia, por ejemplo, la falta de medios tecnológicos”, ha destacado Fernández que ha indicado que genera “frustración”: “Si no hay conexión no se puede celebrar un juicio”. En cuanto al mes de agosto, un mes declarado hábil para la justicia este año, Fernández ha considerado que su efecto práctico es “escaso o nulo” por razones de organización del juzgado. “La pandemia ha puesto de manifiesto que es una institución deficiente en recursos, capacidad y organización y es un sistema desfasado”, ha sostenido Fernández que también ha encontrado un lado positivo: “El hecho de que se haya puesto esto de manifiesto atrae el foco a la situación y a la importancia de la Justicia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con medidas para evitar el colapso de los juzgados por la crisis del coronavirus. Serán medidas temporales que proponen, entre otras cosas, potenciar los juicios telemáticos, implantar el turno de tarde a los funcionarios y habilitar parcialmente el mes de agosto. A los sindicatos les parecen insuficientes y las asociaciones judiciales están divididas.  [Coronavirus: última hora en directo

María Jesús del Barco, portvaz de la Asociación Profesional de la Magistratura, se ha referido a las medidas del Gobierno para agilizar los juzgados paralizados por el coronavirus, entre ellas habilitar el mes de agosto. En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso ha lamentado que hayan tenido que enterarse por los medios y las redes sociales y recuerda que los juzgados ya estaban colapsados antes de la enfermedad. "En la Administración de Justicia el trabajo telemático es inviable". Además se queja de que no existe dotación presupuestaria por lo que considera que estas medidas van a ser un parche, también recuerda que hay cosas que deben ser reguladas por ley orgánica.

El ministerio de Justicia tratará de aprobarlo por la vía del Real Decreto y será de carácter temporal: lo que dure el estado de alarma y los tres meses siguientes. Precisamente la fórmula del Real Decreto es el motivo alegado por el presidente del PP, Pablo Casado, para no apoyar el plan. Entre las medidas están potenciar los juicios telemáticos, establecer un turno de tarde voluntario para los funcionarios o habilitar parcialmente el mes de agosto. Según el gobierno este decreto se ha consensuado con todo el sector judicial y las Comunidades autónomas. Coronavirus: última hora al minuto

La crisis del coronavirus va a impedir al Congreso despedir con honores a su expresidente y exministro de Justicia en el Gobierno de Adolfo Suárez y actual miembro del Consejo de Estado, Landelino Lavilla, que ha fallecido este lunes a los 85 años. Lavilla fue ministro de UCD en los gobiernos de Suárez y fue presidente del Congreso en la I Legislatura, también durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El objetivo de esta aplicación, que ha sido puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, adscrita a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es descongestionar los teléfonos de atención sanitaria de las diferentes comunidades autónomas, a la vez que ofrecer información oficial a la ciudadanía.

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