La jueza Ángela Murillo ha dictado setencia en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. En ella condena por delito continuado de apropiación indebida a los 65 consejeros y directivos de la entidad que utilizaron las tarjetas 'black' entre los años 2003 y 2012, con penas por encima de los dos años de cárcel para 39 de ellos. La mayor pena corresponde al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa: seis años de prisión más una multa de 109.000 euros. La Audiencia Nacional también condena al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cuatro años y medio y al pago de idéntica sanción. El resto de acusados son condenados como colaboradores del delito de apropiación indebida, con la excepción de el exdirector general de medios de la caja, Ildefonso Sánchez-Barcoj, a quien se le considera cómplice de la operativa que contribuyó a mermar el capital de la caja. Se le condena a dos años y medio de cárcel, pero lo mismo que Blesa y Rato es absuelto del delito de administración desleal de que los tres había sido acusados. En el fallo de 260 folios, La Sección Cuarta describe que las visas no se formaban parte de los contratos ni figuraban en el certificado de haberes que Caja Madrid facilitaba cada año para que sus beneficiarios pudieran hacer la declaración de la renta. La justicia ha demostrado, en suma, que las tarjetas eran opacas, eran 'black'.
En el juicio por las ‘tarjetas black’ han comenzado a exponer sus conclusiones las defensas de los 65 acusados. Los primeros en intervenir han sido los abogados de Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
Las acusaciones han reiterado en el juicio de las tarjetas opacas de Caja Madrid que las visas eran irregulares e ilícitas. Tanto el FROB como Bankia han reivindicado, además, su condición de perjudicados en exclusiva para recuperar los 12,5 millones de euros que los 65 acusados, entre ellos Rodrigo Rato y Miguel Blesa, se gastaron en las tarjetas.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha comenzado este viernes a declarar en el juicio contra los usuarios de las tarjetas opacas de la entidad y ha recordado que ni el Banco de España ni Hacienda "pusieron tacha alguna ni vieron irregularidad en 23 años" al uso de las mismas. Blesa ha dicho que las tarjetas que empleó en Caja Madrid y repartió a varios de sus consejeros y altos cargos "eran de libre disposición" y no era preciso "la justificación de los gastos que se realizaban".
En la segunda jornada del juicio de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha sido el turno para el fiscal, que ha justificado la divulgación de los correos electrónicos de sus usuarios por las fundadas sospechas de irregularidades y ha defendido la validez de las pruebas. Jornada también para las acusaciones particulares.
En el Consejo de Administración y la comisión de control de la entidad se sentaban representantes del PP, del PSOE, de IU, de CC.OO. y UGT, de las patronales CEIM-CEOE y de otras asociaciones empresariales.
Para los otros 63 usuarios, solicita penas de entre uno y cuatro años dependiendo de si han devuelto o no el dinero. En su informe dice que "la contabilización de los gastos era indebida y subrepticia", un sistema retributivo que carecía de amparo legal. Los acusados alegan que las tarjetas black formaban parte de su remuneración por lo que no tenían que justificar para qué las usaban.
Las defensas de los acusados han solicitado la nulidad de las pruebas aportadas por Bankia, su matriz y el FROB, personadas como acusaciones particulares, al estimar que los gastos no ocasionaron ningún daño a estas entidades dada su "falta de legimitación".
