Los contratos de alquiler de vivienda que se firmen a partir de este miércoles se regirán ya con la nueva normativa que el viernes aprobó el Gobierno. Entre las principales novedades, que el alquiler será por un plazo mínimo de cinco años y que se limita a tres meses el máximo de fianza.
Las tres resoluciones de la sentencia de las hipotecas hechas públicas este martes reflejan la profunda división en el seno de los magistrados del Tribunal Supremo. Los argumentos de la sentencia y los votos particulares reflejan un intercambio de reproches entre los que apoyaron la decisión y los magistrados que se opusieron, con especial dureza desde los votos particulares.
Este lunes se han firmado las primeras hipotecas en las que es el banco y no el cliente el que ha tenido que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados después de la entada en vigor de la modificación de la ley.
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha asegurado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que no permitirá que el sector bancario adopte conductas coordinadas o lleve a cabo recomendaciones colectivas para repercutir el coste del impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) sobre los clientes.
"No vamos a permitir bajo ningún concepto que se produzcan conductas coordinadas, es decir, acuerdos entre operadores del mercado, o recomendaciones colectivas", ha explicado Marín Quemada, que ha garantizado la "vigilancia y seguimiento" del mercado hipotecario por parte del organismo que preside.
Cientos de personas se han concentrado ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, una decisión contra la que se han celebrado actos de protesta en otras muchas ciudades de España.
La crónica de estos 20 días de incertidumbre en el mercado hipotecario comienza el 18 de octubre. El Supremo acabó con dos décadas de doctrina hipotecaria, daba un giro de 180 grados y cargaba sobre los bancos el ya impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). La Bolsa fue la más rápida en reaccionar: caídas generalizadas y casi 5.000 millones de pérdidas para los bancos al cierre de la sesión. Un día después, la satisfacción de las asociaciones de consumidores se transformaba en estupor con el comunicado del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo., quien suspendió la aplicación del fallo argumentando una "grave repercusión económica y social" y convocó el Pleno de la Sala.
Las críticas y el custionamiento público a la independencia del Alto Tribunal llevaron a su presidente, Carlos Lesmes, a admitir que se había gestionado mal. El 5 de noviembre, rodeados de expectación, se reunieron los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, un pleno a puerta cerrada con rendijas por las que se filtra mucha división entre los jueces. La decisión se discutió durante dos días de intenso debate y tras una ajustada votación (15 a 13) llegó el último y sorpresivo giro de guión: el cliente vuelve a pagar.
