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El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll, cree que el juez Llarena acierta al plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. "Lo que está haciendo la justicia belga con las euroórdenes de España no es aceptable. Uno no puede decirle a un juez de un estado amigo que no respeta los derechos fundamentales. Estamos en un mismo espacio en el que rige la confianza mutua entre tribunales y no puede ser que un juez belga diga que no entrega a una persona a otro estado porque no se fía de lo que van a hacer cuando llegue allí", ha asegurado el catedrático.

Nieva-Fenoll ha explicado que ahora se abren dos escenarios: que la justicia belga decida no pronunciarse hasta que no lo haga el Tribunal de Luxemburgo, aunque no tiene obligación de hacerlo, o que Llarena decida retirar por segunda vez las euroórdenes, algo que, según el catedrático, es delicado porque podría dar una imagen negativa de España.

Luxemburgo está siendo el foco de una importante investigación periodística: 'Openlux'. Según varios medios internacionales es el refugio de más de 55.000 sociedades fantasmas para reconocidas estrellas y multimillonarios.

La 'Organize Crime and Corruption Reporting Proyect' lleva más de un año investigando cómo han creado empresas para no pagar impuestos en países europeos. También hay empresas pantalla para blanquear dinero o para introducir capital de inversión en la Unión Europea, o con otras finalidades, posiblemente criminales.

La legislación europea obliga desde 2019 a que haya registros públicos sobre los beneficiarios finales de las empresas. Se hizo a raíz de la investigación sobre los papeles de Panamá y Luxleaks. La búsqueda en los archivos luxemburgueses no ha sido fácil, pero han encontrado cómo empresas usan el Ducado para hacer grandes inversiones inmobiliarias que han disparado los precios en ciudades como Berlín o Londres, o con fines corruptos o ilegales.

Varios países europeos han anunciado que suspenden temporalmente los vuelos y otras conexiones con Reino Unido. El motivo es esa nueva cepa del virus, más contagiosa, que el gobierno británico reconoce que está fuera de control. España reforzará el control por PCR a todo aquel que provenga del Reino Unido y ha pedido una acción coordinada de la Unión Europea.

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En la imagen, varios pasajeros circulan por el aeropuerto Charles de Gaulle de París. FOTO: Martin BUREAU / AFP

La vicepresidenta económica cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos en España, pero deberá trasladarlo al resto de países comunitarios: para ser elegida deberá contar con mayoría simple, es decir, contar con el apoyo de al menos diez ministros de finanzas europeos. Las únicas reticencias proceden de los autodenominados países frugales, como Países Bajos, que temen que Calviño no sea neutral y apueste por aumentar mucho el gasto para favorecer a los países del sur. Por ello podrían apostar por sus rivales: el irlandés Paschal Donohoe y el luxemburgués Pierre Gramegna.

La presidencia del Eurogrupo se ocupa de ordenar las reuniones de los ministros de Finanzas de los 19 países de la zona euro. Es un cargo con poco poder real, pero sí que otorga mucha influencia, visibilidad y capacidad para orientar y priorizar los temas que están sobre la mesa. Más aún ahora que la Unión Europea debe dar forma al fondo de reconstrucción dotado con 750.000 millones de euros para hacer frente a la recesión provocada por el coronavirus. Calviño sería la primera mujer y la primera española en ocupar ese puesto cuyo mandato es de dos años y medio y que no implica dejar el Gobierno. De hecho, es obligatorio seguir siendo ministro para presidir el Eurogrupo. Informa la corresponsal comunitaria de Radio Nacional, María Carou.

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) acaba de pronunciarse sobre el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH). La Justicia Europea dictamina que el IRPH puede ser considerado una cláusula abusiva -como lo fueron en su día las cláusulas suelo- pero que deben ser los tribunales de cada país quienes deben decidir caso por caso. La sentencia dice que los tribunales tiene que asegurarse de que las reglas de los contratos fueran claras y comprensibles, tanto formalmente como de palabra. La Corte de Luxemburgo asegura que si una vez los contratos se declaran abusivos y, por tanto, nulos el juez puede decidir sustituir el tipo hipotecario. Se abre la puerta a que cientos de afectados en España puedan reclamar ante los tribunales españoles por el IRPH. Informa María Carou, correponsal en Bruselas.

La regulación para ayudar a morir que este martes comienza su tramitación en el Congreso es también objeto de debate en los países de nuestro entorno. Bélgica, Luxemburgo y Paises Bajos han sido pioneros en la despenalización de la eutanasia y otros están pendientes de regularla. En Italia existe el testamento vital y los cuidados paliativos que a veces están detrás de una aceleración del final de una vida, pero, legalmente, la eutanasia y la asistencia al suicidio siguen estando prohibidas y están castigadas en el código penal con hasta 12 años de cárcel.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal el cálculo de la antiguedad que utiliza España para conceder trienios a los 200.000 trabajadores discontinuos que hay en nuestro país. A los trabajadores con contrato fijo discontinuo sólo se les tiene en cuenta el período trabajado, en cambio para los empleados a tiempo completo cuenta también la relación laboral, aunque haya habido bajas o vacaciones. El Tribunal destaca que esta fórmula discrimina especialmente a las mujeres que son las que más tienen este tipo de contratos.

El primer ministro británico y el presidente de la Comisión Europea se ven las caras por primera vez, a falta de un mes y medio para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De los resultados del encuentro podremos sacar indicios de si Londres y Bruselas se acercan a un divorcio pactado o abrupto. El optimismo, de momento, no cotiza al alza. Boris Johnson llega con el aviso de que evitará otra prórroga, independientemente de lo que diga la ley.

El Aquarius ha atracado este miércoles en el puerto de La Valeta, en Malta, donde han desembarcado los 141 migrantes rescatados el pasado viernes en aguas del Mediterráneo frente a costas libias. Tras cinco días de incertidumbre, la embarcación gestionada por las ONG SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras (MSF) ha podido llevar a los rescatados a tierra firme tras el acuerdo alcanzado este martes por España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Mata para el reparto de los migrantes.

Los gobiernos de España y Francia han coordinado un acuerdo con otros cuatro países de la UE -Alemania, Portugal, Luxemburgo y Malta- para acoger a los 141 migrantes que salvó el Aquarius frente a las costas de Libia el pasado viernes y a otras 114 personas rescatadas por las autoridades maltesas. De todos ellos, España recibirá 60 migrantes después de que el Aquarius atraque en Malta.

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros, que obligaba al Gobierno de España a reclamar los impuestos no ingresados por aplicar ese sistema y que el Ministerio de Hacienda español cifró en 126 millones de euros.