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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que el 'caso Dina' es "uno de los casos más evidentes de instrumentalización política contra Podemos y Pablo Iglesias". En una entrevista en La noche en 24 horas, ha recalcado que no había una base técnica suficiente para seguir adelante con el proceso y ha acusado al juez Manuel García Castellón de poseer "sesgo ideológico": "El juez actuó contra el criterio de otros tribunales y de la Fiscalía".

El ministro ha recordado que los jueces "son personas altamente cualificadas para llevar a cabo una labor muy necesaria" e imparcial, pero que al fin y al cabo son también "personas normales", con ideología y prejuicios. "El error democrático sería negarlo. Pero en este caso ha habido obcecación hacia una persona cuando los tribunales le habían dicho que no tenía base".

"Uno solo puede llegar a esa conclusión del sesgo ideológico, independientemente de que sea de izquierda o de derechas", ha concluido, destacando que eso no implica "hablar del poder judicial en su conjunto".

Investigado por delitos de agresión sexual y lesiones el secretario general del PP catalán, Daniel Serrano. Una compañera de partido le denunció por presuntas relaciones sexuales no consentidas y maltrato y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo está investigando. Serrano, número 4 en las listas del PPC por Barcelona, ha respondido en un comunicado que los hechos son falsos y que responden a un chantaje que se hace público en precampaña electoral para dañar su imagen.

FOTO: Daniel Serrano, durante una intervención en el Parlament catalán. David Zorrakino / Europa Press

Los casos de personas que se están vacunando sin pertenecer a los grupos diana han hecho saltar las alarmas. Pero, ¿existe alguna sanción legal para ellos? Según cuenta Nuria Garrido, portavoz de SESPAS, no existe ninguna norma ni es una situación prevista en los protocolos ni en la estrategia de vacunación: "Sería una sanción de las que en derecho denominamos sanción de plano, sin cobertura legal".

[Coronavirus: última hora, en directo]

En el Reino Unido, cuatro hombres -dos traficantes y dos transportistas- han sido condenados por el asesinato involuntario de39 migrantes vietnamitas en un camión frigorífico en el que intentaban acceder al país en 2019. Las penas son distintas pero en total suman 78 años. Un grupo de vietnamitas, hombres, mujeres y niños, viajaban -según les habían prometido, en condiciones VIP- desde Bélgica al Reino Unido, donde tenían pensado establecerse. Cada uno de ellos había pagado más de 14.000 euros por el viaje. Estuvieron más de 12 horas en el interior del camión, sin aire, con temperaturas altísimas, e intentaron avisar de que se estaban muriendo. Al darse cuenta de la situación, el conductor aparcó el vehículo y lo abandonó en un polígono industrial en el que, posteriormente, fue descubierto. InformaSara Alonso, corresponsal de RNE en Londres.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas en el recurso de un particular al decreto de suspensión de las elecciones del 14 de Febrero. En la práctica eso signifca que de momento se mantienen las fechas de las elecciones. Esta decisión, sin embargo, no anticipa el posicionamiento sobre el fondo de la cuestión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Informa Laura Herrero

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, ha explicado en 'Las mañanas de RNE' que no se puede adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 sin aprobar un nuevo decreto de estado de alarma. "No cabe hacerlo sin modificar el actual estado alarma, aunque, mientras un tribunal no diga lo contrario, el decreto autonómico es válido y hay que cumplirlo", ha aclarado Arbós.

El catedrático también ha hablado sobre el decreto de aplazamiento de las elecciones catalanas aprobado por el Govern que, en su opinión, crea inseguridad jurídicia. "El Govern no ha justificado porqué los datos sanitarios hacen imposible la celebración de elecciones el 14 de febrero ni ha explicado bien qué medidas específicas ha tomado para intentar que los comicios se llevaran a cabo", ha afirmado Arbós.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes llega este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid para asistir a la primera sesión de su juicio como presunta inductora de la falsificación del acta que acredita que había defendido su máster, unos hechos por los que la Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel.

Foto: EFE/David Fernández