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Treinta y cuatro personas han sido rescatadas en el Mediterraneo. Se arrojaron al mar porque se incendió la embarcación neumática en la que viajaban cuando se acercaban a la costa española. Un helicóptero y un avión portugueses del Frontex lanzaron una balsa y chalecos salvavidas y alertaron a las autoridades españolas. Salvamento Marítimo completó la operación y trasladó a los rescatados al puerto de Motril.

Sólo se habla del muro del norteese que Donald Trump prometió construir o reforzar con el dinero de los mexicanos para evitar la llegada de migrantes. Una promesa electoral que, por ahora, se queda sólo en eso, en promesa. Pero 3.000 kilómetros al sur, en la frontera de México con Guatemala, hay otro muro del que se habla menos; que no es visible porque no está construido con cemento y alambradas. Un muro plagado de trampas, puestas por los cárteles de la droga, los delincuentes comunes y hasta la policía mexicana, y cuyas víctimas son siempre los mismos: los más vulnerables: los 500.000 centroamericanos que entran cada año. Ellos protagonizan una crisis humanitaria sin parangón.

"Al cruzar la frontera sur de México la situación se convierte en un verdadero infierno. Los están esperando los criminales, los cárteles de la droga para secuestrarlos y exprimirles no sólo el poco dinero que traen sino la poca propiedad que tienen", asegura Fray Tomás Gonzales, que intenta paliar la situación dirigiendo un albergue para migrantes en Tenosique, Tabasco (México).

Médicos Sin Fronteras (MSF) también está en el terreno ofreciendo asistencia psicológica y sanitaria. En su último informe, titulado "Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador): una crisis humanitaria olvidada", la ONG ha recabado numerosos testimonios que denuncian la colusión de autoridades y delincuentes. Uno de esos testimonios es el de una hondureña de 35 años que prefiere no decir su nombre y que ha cruzado cuatro veces la frontera sur mexicana.

Un juez de San Francisco (California) ha bloqueado este martes la orden ejecutiva emitida por el presidente de EE.UU.Donald Trump, para negar fondos federales a las llamadas "ciudades santuario", que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes.

El fallo del juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, supone un nuevo revés para el Gobierno de Trump, aunque no es definitivo y el Departamento de Justicia podría recurrirlo ante el tribunal de apelaciones del distrito noveno, instancia inmediatamente inferior al Supremo.