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La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha confirmado en Las mañanas de RNE que el Ejecutivo llevará a cabo la exhumación del cádaver del dictador Francisco Franco, que reposa en el Valle de los Caídos, cuando tenga "todas las garantías jurídicas". La también ministra de Educación y Formación Profesional ha señalado que se está "configurando la figura jurídica para la exhumación", aunque no ha podido concretar ni negar el plazo en el que se producirá. La intención inicial del Gobierno era realizarla en este mes de julio. La decisión no está exenta de polémica, ya que este domingo se produjo una concentración en el Valle de los Caídos en contra del traslado de los restos mortales de Franco.

El Gobierno ha organizado un dispositivo para prevenir y luchar contra los incendios forestales. Durante los seis primeros meses han ardido unas 9.000 hectáreas de superficie forestal. La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, la puesta en marcha de una "comisión de la verdad" sobre el franquismo y la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las líneas de actuación de su departamento en lo que resta de legislatura, la ministra ha explicado que llevarán a cabo la "resignificación" del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador, y ha avanzado también que estudiarán la manera de llevar a cabo la ilegalización de las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo como la Fundación Francisco Franco.

El Gobierno trabaja en una Ley "transversal" de Cambio Climático y Transición Ecológica que se tramitará a final de año. Incluye fiscalidad ambiental, prohibicción de prospecciones en el mar, triplicar áreas marinas protegidas y planes de transición justa.

La sentencia de La Manada está en el trasfondo de la intención del Gobierno de cambiar el Código Penal. Lo anunció la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Se quiere recoger que exista violación en caso de que una mujer no haya dado expresamente su consentimiento para el acto sexual. A falta de que se concrete esa reforma, distintos penalistas ven difícil aplicarlo en la práctica.