José María Ángel Batalla, el comisionado del Gobierno para la Dana, ha dimitido este jueves tras conocerse que la Fiscalía Antifraude ha abierto una investigación para comprobar la veracidad de su título universitario. Un título que presuntamente habría falsificado para ascender dentro de la Diputación de Valencia.
En su carta de renuncia ha afirmado que “jamás” ha falsificado “ningún documento”. Los Servicios Jurídicos de la Diputación también han abierto un expediente de información reservada a su mujer, que posee un cargo de alto dirección, por la veracidad de sus títulos.
Batalla ha dejado claro que defenderá su honorabilidad hasta el final porque está siendo víctima de una cacería. Ha afirmado también que se jubila, a los 68 años, después de más de 40 años dedicados al servicio público y que esto le ha generado un daño personal injustificado.
Zulima Pérez será nombrada en el próximo Consejo de Ministros como la nueva comisionada de la dana.
La hora de la 1
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reiterado la necesidad de "poner en marcha la comisión mixta" con el Gobierno central para la reconstrucción de la dana y ha lamentado la "actitud" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante los últimos nueve meses.
"Si hay nuevo comisionado, espero que Pedro Sánchez decida venir a acelerar la reconstrucción que tienen parada con esa actitud. Lo primero es la reconstrucción, avanzar y los afectados. Todo el despliegue que estamos haciendo lo hacemos solos porque el Gobierno ha decidido no incorporarse a una comisión mixta para que coordinemos las actuaciones".
El centro de acogida de migrantes de Pozuelo de Alarcón (Madrid) podría echar el cierre. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón confirma a RNE que el centro "carece de la licencia preceptiva que le permite ejercer su actividad" y dicen que "cuentan con una licencia del año 2013 que no permite el uso residencial" y que, en cualquier caso, "no está permitido según las normas urbanísticas del uso de la parcela, cuyo uso principal es terciario y comercial". El centro lleva abierto desde el año 2022, acoge a personas procedentes de distintos conflictos y se utilizó en primer lugar para recibir a los menores ucranianos.
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha confirmado en Las mañanas de RNE que el Ministerio de Inclusión "no ha recibido ninguna notificación formal". Tacha de "ejercicio de racismo preventivo" lo que está saliendo en los medios de comunicación ya que, según explica el delegado, "no se había adoptado ni comunicado ninguna decisión en relación a dónde se ubicarán los menores que haya que traer a la Península. No hay ninguna decisión respecto a la ubicación de menores". Martín califica de "irresponsable" la actitud y la reacción del Partido Popular de Madrid "ante la previsión señalada por medios" de que este centro pudiera acoger a menores procedentes de Canarias, huyendo de las guerras en África. "El PP está a los titulares y a hacer seguidismo a aquellas cuestiones que les señalan los ultras", asegura Martín.
"Este centro lleva abierto desde 2022 y ha estado atendiendo a personas que provenían de otro tipo de conflictos y ha venido funcionando con total normalidad. Somos conscientes de que, en el mes de julio, el ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias", afirma el delegado, que añade que el consistorio realizó dos visitas al centro estas últimas semanas y hay constancia de dos actas de inspecciones urbanísticas. "Si hubiera alguna notificación de otra naturaleza, procederíamos a estudiarla con los servicios jurídicos y a responder como corresponda". Entrevista completa en RNE Audio.
Cuando hablamos de personas refugiadas, normalmente nos referimos a personas que han tenido que huir de su país por estar en situación de peligro por motivos políticos o por un conflicto bélico. Pero, a día de hoy, hay gente que está yéndose de su hogar porque la naturaleza los está expulsando y no hay leyes internacionales que los amparen. No se considera que el cambio climático sea un motivo para protegerlos.
En este capítulo de 'Esto Merece Una Explicación' hablamos con Czarina Musni, una abogada filipina especializada en derechos humanos que es una “víctima colateral” de esta problemática. No puede volver a su país porque es considerada una terrorista por desarrollar su trabajo con personas que se ven obligadas a migrar por el cambio climático. También hablamos con Beatriz Felipe, ambientóloga y doctora en derecho, con Andrés Góngora, de COAG, con Bruno García, alcalde de Cádiz, y con María Teresa Pedrosa, geóloga marina.
Un trabajo de Marta Plazuelo, con edición de Marta Vicedo.
La Navidad de Vigo tendrá casi 12 millones de luces led, según el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha asistido este miércoles al inicio del montaje de la iluminación navideña con unos 30 grados de temperatura en la Porta do Sol y ha estimado que el retorno económico será de unos 800 millones de euros.
El regidor vigués auguró que la próxima Navidad "será la mejor de la historia de Vigo" y que se va a "pulverizar el dato de visitantes". Caballero ha detallado que la Navidad de 2025 contará con casi 12 millones de luces led, batiendo el récord de la anterior, y se iluminarán 460 calles, 40 más que el año pasado.
Imagen: Salvador Sas / EFE
Un día antes de hacer su balance del curso político, Alberto Núñez Feijóo ha recibido en Génova a una de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA. Desde la Asociación Damnificados Dana Horta Sud-Valencia le han transmitido al líder del PP su falta de confianza en Carlos Mazón por su gestión de la catástrofe. Por su parte, SOS Desaparecidos cree que sería "una irresponsabilidad tremenda pedir la dimisión del señor Mazón".
Ambas organizaciones han dicho que Feijóo ha defendido la continuidad de Mazón. El presidente valenciano ha visto con buenos ojos que el líder de su partido les reciba, aunque él mismo no lo haya hecho.
foto: Diego Puerta
Muy duro el último auto de la jueza de la dana. Critica el informe que la Guardia Civil le remitió con la cronología de la tragedia. La magistrada reprocha a los agentes que se extralimitaran en su tarea y rechaza sus conclusiones, que apuntaban a una falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Aemet.
Aunque no se enviaron correos de alerta sobre el barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:43, la magistrada explica que el sistema automatizado estaba recogiendo esa evolución cada 10 minutos y que se podía consultar en la página web en todo momento.
Además, argumenta que, según el plan de inundaciones, allí donde la Confederación no tiene controles del aforo, es la Generalitat quien lo debe efectuar de manera efectiva. Y recuerda que, aunque se enviaron bomberos forestales, se ordenó su retirada, sin controlar el desbordamiento que provocó, dice, un abrumador número de fallecimientos.
El informe de la Guardia Civil cuestionaba el papel de la Aemet. La jueza critica que los autores no hayan incluido ninguna de las llamadas que desde la agencia se hicieron al 112. Y recalca que la Audiencia Provincial ya señaló que la gravedad de la situación se anunció con antelación suficiente por las agencias estatales.
Foto: EFE/Biel Aliño
Alberto Núñez Feijoo ha recibido este miércoles en la sede del Partido Popular a dos asociaciones que representan a víctimas de la dana, las cuales solicitaron reunirse hace unas semanas. Joaquín Amills, fundador y presidente de 'SOS Desaparecidos', ha afirmado en el informativo '24 Horas de RNE' que ha sido una reunión "muy constructiva" y reconoce que antes: "Pensábamos que el señor Mazón tenía que dimitir, pero ahora creemos que no sería lo mejor para la Comunidad Valenciana". Amills defiende que Mazón no debería dimitir por: "La crispación social y política y por el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Generalitat en la reconstrucción y transformación". Desde 'SOS Desaparecidos' creen que "tiene que ser la Justicia quien dictamine las responsabilidades".
Mercedes Domínguez, responsable de la Confederencia Intesindical Galega (CIG) en O Porriño ha confirmado en el Informativo 24 Horas que Teresa, la trabajadora social asesinada presuntamente por el marido de la mujer a la que cuidaba, había denunciado ante la empresa la situación de acoso que había vivido en ese domicilio y la empresa, sin embargo, le dijo que tenía que ir a trabajar.
"La empresa reconoce que tuvieron un contacto con ella por la mañana y que ellos estimaron que la situación no era de riesgo", ha asegurado Domínguez que sostiene, además, que este tipo de situaciones de acoso a las trabajadoras se repiten con mucha frecuencia, pero ni la empresa ni la consejería ponen medidas para solucionarlo. "Recibo un montón de consultas de trabajadoras que están siendo acosadas en domicilios y siempre se las convence para que cambien de usuario. El problema es que mandan a otra trabajadora con idénticas condiciones y sin advertirle del peligro al que se enfrentan. Hay cientos de estos trabajadores que están sufriendo ansiedad, depresión, lesiones por el trabajo de atención a dependientes en sus domicilios". Domínguez pide que se paralicen todos los servicios hasta que se tomen las medidas necesarias. "Tenemos que proteger a las trabajadoras".
