Para Vox el Gobierno ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades de la historia de España. Exigen la dimisión del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales. Sacan pecho porque solo ellos recurrieron al Constitucional y según dicen, fueron los únicos que votaron en contra del estado de alarma.
Desde el PP les recuerdan que votaron sí en la primera votación para sacar adelante la medida. Los 'populares' hablan de "varapalo judicial" y dicen que ellos ya lo advirtieron y que el fallo pone de manifiesto que se necesita la ley de pandemias que llevan tiempo reclamando.
Después de semanas de debate y profundamente dividido, el Tribunal Constitucional ha determinado que el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma en España es inconstitucional. La letra pequeña de la sentencia se conocerá en los próximos días. Ahí, el Constitucional concretará cuál es el alcance de la resolución y si tiene consecuencias. Los expertos consideran poco probable que comercios, industrias o particulares puedan reclamar indemnizaciones por daños, pero sí podría afectar a las multas por saltarse el confinamiento.
El govern vol aplicar el toc de queda a 158 municipis de més de 5.000 habitants, on la incidència acumulada sigui de més de 400 casos cada 100.000 habitants en els últims set dies. Però, necessita l'aval del TSJC per aplicar-lo. El Tribunal Constitucional ha dictaminat que el confinament del primer estat d'alarma va ser inconstitucional perquè considera que el govern espanyol només podia limitar els drets fonamentals, però no suspendre'ls. La ministra de Justícia respecta la decisió, però no la comparteix. A partir de dilluns les farmàcies faran tests d'antígens a monitors i joves que participin en casals i colònies d'estiu. L'incendi de Castellví de Rosanes ja està estabilitzat. La cinquantena de veïns que van desallotjar ahir, podrien tornar a casa seva avui.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que los test de autodiagnóstico de la COVID-19 se venderán solo en farmacias y asegura que están trabajando para que tengan "un precio asequible para la ciudadanía de este país". En el caso de que una persona se haga la prueba y de positivo, solo constará como sospechoso y tendrá que acudir a las autoridades sanitarias para su confirmación. Foto: EFE/Marta Pérez
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), ha indicado que la inconstitucionalidad del primer estado de alarma "abre un problema": "No se ha modificado la legislación para ponerla de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, pero es muy importante que los legisladores adapten las leyes y la normativa del estado de alarma y de excepción a lo que diga esta sentencia que se publicará en los próximos días". "La cuestión que se plantea no es si era oportuno el estado de alarma en marzo de 2020, que parece que por los resultados sí lo fue, si no que supuso una restricción inapropiada de los derechos fundamentales", ha señalado Arbós. Sobre la emisión de cinco votos particulares, el catedrático ha especificado que la sentencia tiene "el mismo valor", pero la cantidad de votos particulares y la "variedad de sensibilidades" que representan "da lugar a pensar que el asunto es muy controvertido". "Lo menos malo de la sentencia es que ya está y sirve de referencia para mejorar la legislación", ha mantenido en 24 horas de RNE.
El profesor ha explicado las diferencias, en la Constitución, entre el estado de alarma y el estado de excepción: el primero permite establecer alguna restricción a los derechos fundamentales, mientras que el segundo permite suspenderlos. "Hay una diferencia en la ley que desarrolla las previsiones constitucionales. En el caso del estado de alarma, hay una previsión explícita para las crisis sanitarias y el estado de excepción se reserva para otros supuestos", ha señalado. También ha puntualizado que las disposiciones del estado de alarma entran en vigor inmediatamente, desde que se publica el Real Decreto, y tienen una duración máxima de 15 días a partir de los cuales, tiene que ser ratificado por el Congreso. Sin embargo, el estado de excepción es pedido por el Gobierno al Congreso de los Diputados y no entra en vigor hasta que hay una aprobación.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado este miércoles que "el Gobierno respeta pero no comparte" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales las restricciones a la circulación de personas y vehículos que se adoptaron en el decreto por el que se declaró el primer estado de alarma para frenar la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha defendido que el confinamiento sirvió para "salvar vidas".
