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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno no llevará este viernes al Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018 porque el Ejecutivo "no tiene seguridad en los apoyos" para sacarlos adelante. "Preferimos tener seguridad en los apoyos antes de aprobarlos en el Consejo de Ministros y remitirlos al Congreso de los Diputados", ha dicho Montoro en los pasillos del Senado antes de comparecer en la sesión plenaria.
 

Cuando quedan 11 días para el 1 de octubre, el pulso de los independentistas e Cataluña vuelve a ser tema recurrente en el Congreso. En menos de una hora, en la sesión de Control al Gobierno, el presidente Mariano Rajoy tendrá que responder preguntas del PNV y de Esquerra. Una sobre cómo piensa el Gobierno resolver el conflicto; la otra sobre si la respuesta del Ejecutivo hasta ahora es o no democrática. No obstante, toda la atención está puesta en lo que tenga que decir el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro comparece esta tarde en comisión para explicar cómo el va a controlar el Gobierno las cuentas catalanas.

  • El Gobierno pagará directamente a los proveedores de los servicios esenciales
  • Da al Govern un 48 horas de plazo antes de intervenir las cuentas de la Generalitat
  • Pide a los bancos que comuniquen a la Fiscalía cualquier irregularidad
  • No podrá endeudarse sin el permiso del Consejo de Ministros
  • Desde el Govern avisan de una "batalla jurídica" contra la medida

El Gobierno ha aprobado hoy un mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum secesionista del 1 de octubre.

El Ejecutivo ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.