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Miguel Borra, presidente del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), ha analizado en Las Mañanas de RNE la situación del funcionariado en España, aprovechando el inicio del Congreso Nacional del sindicato: “Un 31% de los empleados públicos no tiene una plaza en propiedad, no sabe cuándo ni dónde va a seguir trabajando, y tenemos unas plantillas muy envejecidas”. Desde el CSIF defienden la necesidad de dar estabilidad a las plantillas.

Sobre el impacto de la renuncia del Gobierno a presentar presupuestos este año tras el anuncio del adelanto electoral en Cataluña, Borra expone: “No entendemos como unas elecciones de una comunidad autónoma pueden condicionar la vida política y económica del resto del país”. Borra explica que se verá afectada la oferta de empleo público, con las necesidades de personal que hay en las Administraciones. También se verá afectado el concepto de tasa de reposición y futuras subidas de sueldo a los empleados públicos, ya que esto paraliza posibles negociaciones. Borra define la subida como “muy exigua” que les va a “volver a hacer perder poder adquisitivo” ya que no compensará la inflación.

El presidente del CSIF admite que la corrupción política y la polarización acaba afectando al conjunto de funcionarios. “Lo único que hacemos es aplicar las normas, y una de las consecuencias de la politización de la Administración es que lo pagan los ciudadanos y los servicios públicos”, explica Borra. Añade que los funcionarios son personal técnico y “tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, nunca de los partidos políticos”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "persecución política" la denuncia por presunto fraude fiscal a su la pareja. "Piden mi dimisión para tapar sus escándalos", ha afirmado en una rueda de prensa en Leganés, tras el Consejo de Gobierno.

Foto: Carlos Luján / Europa Press

La Fiscalía ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude a Hacienda. Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, se ha pronunciado sobre esto en 24 horas de RNE, tachando de "personaje crepuscular" a la presidenta de la Comunidad de Madrid "por los casos de corrupción que la rodean". "Si el Partido Popular de Madrid no tuviera la cantidad de poder social y mediático, en cualquier otro caso, esto hubiera sido un escándalo", ha declarado Pisarello.

Sobre el 'caso Koldo', Pisarello ha señalado que se trata de un "espectáculo muy triste para la ciudadanía". Este martes el Senado ha aprobado por unanimidad la creación de la comisión de investigación del 'caso Koldo', pero el Partido Popular, para apoyar esta comisión, ha puesto como condición que Francina Armengol deje el cargo. "Lo que estamos viendo responde más a lo que era la vieja lógica de las acusaciones mutuas de corrupción dentro del bipartidismo", ha respondido Pisarello. También ha recalcado que se tiene que respetar la presunción de inocencia, pero lo que piden desde su partido es que "las comisiones de investigación investiguen a todo el mundo".

Ha concluido la entrevista hablando de la amnistía, afirmando que finalmente saldrá adelante y que es importante "no solamente para abrir una nueva página en Cataluña y en España, sino para que se puedan discutir muchos otros problemas que también le importan a la ciudadanía".

La Fiscalía ha denunciado a la pareja de Ayuso por presunto fraude a Hacienda de 350.951 euros mediante facturas falsas: "Es fundamental que sepamos si Ayuso conocía o no que su pareja usó una empresa tapadera para recibir ingresos de un grupo sanitario muy importante", ha asegurado el secretario general del PSOE de Madrid en 24 horas de RNE con Josep Cuní. "Los madrileños merecemos saber si nuestra presidenta es capaz de darse cuenta que a su alrededor pasan cosas", ha insistido. 

Juan Lobato, que además es Técnico de Hacienda del Estado, ha explicado que cuando pasas de 120.000 € de fraude a la Hacienda Pública "es delito y hay que mandarlo obligatoriamente a la Fiscalía". 

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' apunta a que la trama sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en contratos para la compra de material sanitario en la pandemia podría ser aún más extensa. Dicho informe, incluido en el sumario de la investigación, incluye conversaciones interceptadas en 2020 a los socios del comisionista, el presidente y empresario del CF Zamora Víctor de Aldama, en las que se supone el 'ok' del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuyo nombre aparece junto al del expresidente canario, Ángel Víctor Torres, en el informe del que se desprende que habría habido contactos con ambos. En concreto, las conversaciones hablan de una reunión con el jefe de gabinete de Illa que les ha dado buena impresión y poco tiempo después dicen que ya tienen el 'ok' de Sanidad a una gestión sin especificar. Además, se refieren al entonces presidente de Canarias, con el que dicen que va a hablar Illa para darle el 'ok'. Y en otro contacto directo, dice, con Víctor Torres, les pide ir a hacer unos test al ministerio de Transportes. El informe profundiza no solo en el negocio de la trama sobre las mascarillas pero también en las pruebas PCR, que en el marco de esta trama habrían estado haciendo de forma gratuita a altos cargos como favor para lograr después adjudicaciones en concursos públicos. En mayo de 2020 dejan constancia de su primera adjudicación irregular por la que habrían pagado comisiones a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que mencionan como 'K'. Los pagos, recurrentes, se habrían efectuado en República Dominicana y ascenderían, según los documentos intervenidos, a 10.000 euros cada uno. La conclusión de la UCO es que Koldo, Aldama y el empresario Cueto se habrían valido de sus relaciones personales y su capacidad de influencia para obtener un lucro económico junto a otros colaboradores necesarios. Foto: EFE/Sergio Pérez.

Inspección de Trabajo ha abierto expediente a la Federación Española Femenina de Fútbol y al menos a tres clubes, por no cumplir los planes de igualdad, entre ellos el Barcelona, según ha adelantado RNE. Estos clubes se enfrentarían a multas por no cumplir dichos planes de igualdad, por falta de protocolos antiacoso y porque en algunos de ellos existe discriminación salarial. Según explica en Las Mañanas de RNE la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hay un acta de infracción por estos hechos con el importe máximo de las multas: "Son cantidades pequeñas porque es un proceso documental. No nos podemos adentrar en la relación laboral. Si pudiéramos, las sanciones serían otras". La investigación, todavía en curso, arrancó en agosto del año pasado tras la denuncia de Jenni Hermoso a Luis Rubiales. Según cuenta Yolanda Díaz, está sin culminar el expediente sobre la desigualdad retributiva en nueve entidades. "Los clubes de fútbol tienen que cumplir con las normativas. El acoso es una materia muy seria y no puede haber jugadoras desplazadas por el mundo sin planes de igualdad".

El lunes, la ministra Díaz abría una reflexión sobre los horarios en la hostelería que ha causado controversia. Díaz hace referencia a un informe de Trabajo sobre el tiempo y los usos horarios en España: "Un país que tiene unos tiempos muy diferentes al común de Europa". Insiste la ministra en que "somos un país en el que convocamos reuniones a las ocho de la tarde y tenemos restaurantes abiertos hasta la una de la mañana" y que "el tiempo de trabajo y cómo trabajamos, tiene que ser modificado". El debate abierto al respecto es, cree, "de máxima importancia": "No solo es que tengamos un restaurante abierto a la una de la madrugada. El problema es que tenemos que tener condiciones de trabajo dignas. A partir de las diez de la noche es horario nocturno y tiene que ser retribuido como tal", incide Díaz.

Sobre la ley de amnistía que, según la ministra, saldrá adelante, apunta que la ley "no es para Rovira o Puigdemont" sino para la ciudadanía catalana, "que se vio inmersa en un proceso al que nunca debimos haber llegado". Respecto al 'caso Koldo', lo tacha de "muy grave": "La corrupción erosiona la democracia".