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En la segunda jornada del juicio por el 'caso de los ERE', los abogados de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán han expuesto sus defensas. Los dos han argumentado que ninguno conocía las presuntas irregularidades de las ayudas y han apuntado al interventor. Los abogados han calificado las acusaciones de "conclusiones ridículas" o "acusaciones enmarañadas".  

La Audiencia de Barcelona ha anulado el pacto entre el fiscal y Oriol Pujol y deberá ira a juicio. El juez no acepta el acuerdo de conformidad en el 'caso ITV' porque no ha sido firmado por todos los acusados. El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, está acusado de utilizar su peso político, cuando era 'número dos' de la extinta Convergència, para favorecer a empresarios amigos en la adjudicación de estaciones de ITV y para conseguir comisiones que su mujer cobraba con facturas falsas. 

Caso ERE: Hay entre los 22 ex altos cargos acusados, tres tipos de peticiones de penas del fiscal en función de los delitos atribuidos. Por presunta prevaricación solicita 10 años de inhabilitación para 7 encausados. Es el caso de Manuel Chaves, presidente 19 años de Andalucia y 12 del PSOE. A otros 15, el fiscal les atribuye además un delito de malversación. Por ello, pide penas de 6 años de carcel y 30 de inhabilitación para tres de ellos. José Antonio Griñán, porque antes de presidir la Junta fue Consejero de Hacienda, y como tal, ya el juez instructor consideró que tuvo que conocer las advertencias de la Intervención acerca del mecanismo para otorgar ayudas, arbitrario y sin control. La petición de penas se eleva a 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para otros 12 encausados.. entre los que se encuentran los ex consejeros Antonio fernández y José Antonio Viera, o el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que distribuyó la mayoría de las ayudas que se investigan.

El primer juicio del caso de los ERE ha arrancado este miércoles 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo, entre ellos, los expresidentes socialistas de esta comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por prevaricación y malversación.

El primer juicio del caso de los ERE arranca este miércoles 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo, entre ellos, los expresidentes socialistas de esta comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros. Están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción.

La Audiencia Nacional ha condenado a 2 años de prisión al exconsejero madrileño Francisco Granados por el soplo que le dio un guardia civil acerca de la operación Púnica, la misma pena que ha recaído en ese agente, José Manuel Talamino, mientras que para el tercer acusado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia, la pena ha sido de un año y medio. La sección primera de lo Penal les considera responsables de un delito de revelación de secretos. En el caso de Granados y de Caro Vinagre es de aprovechamiento de esa revelación, y en el de Talamino, de violación del secreto. La Fiscalía pedía tres años para Granados y Talamino, y a Caro Vinagre la misma pena que le ha sido impuesta.
 

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, cree que con la apertura del jucio oral contra el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas "se pone de relieve que no existe ninguna voluntad por parte del Partido Popular de colaborar con la justicia en la lucha contra la corrupción". También se juzgará a la actual tesorera, Carmen Navarro, a su director jurídico y al jefe de informática, a los que se les investiga por presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos. Es la primera vez que una formación política se sienta en el banquillo como persona jurídica.

Para Gloria Elizo, de Unidos Podemos, "es una vulneración de la calidad democrática" que se asista a un "espectáculo bochornoso por parte del PP". El secretario de comunicación del PP, Pablo Casado, afirma que respetan la decisión judicial y manifiesta "tranquilidad" por saber que la dirección del partido "está haciendo un trabajo correcto".