Miguel Presno, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, nos explica en 'Mediodía en RNE' el procedimiento por el que se podría reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto. Lo que pretende el Gobierno es incluir una mención expresa en el artículo 43 de la Constitución, por lo que necesitarían unas mayorías de 3/5 en cada una de las dos cámaras o, eventualmente, mayoría absoluta en el Senado y 2/3 en el Congreso. Presno advierte de los riesgos que podría traer de los posibles riesgos que podría conllevar. "No está mencionado expresamente en la Constitución, pero se entiende que forma parte del artículo 15. Si esto se cambia y se va al 43, lo que es un derecho fundamental, al menos para el Tribunal y para el legislador, sería un principio rector de la política social y económica". Por tanto, el catedrático nos explica que "no habría una garantía de un contenido esencial". En su opinión, es suficiente con lo que hay en la actualidad. "Si se quisiese dar al aborto un auténtico blindaje de derecho fundamental, habría que mencionarlo expresamente en el artículo 15" y pone el ejemplo del derecho a la eutanasia. "Yo creo que es mejor que la interrupción del embarazo se entienda incluida en el artículo 15, antes de que se desplace a otra parte de la Constitución en la que va a estar, desde mi punto de vista, menos protegida".
Sumar considera que la propuesta del PSOE de inclusión del aborto en la Constitución es insuficiente y se queda corto, por lo que ha pedido a su socio de Gobierno negociar para mejorarla para blindar el acceso a este derecho porque una "referencia genérica no sirve para nada".
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que iniciar los trámites para la reforma constitucional es una "muy buena noticia" porque es necesario garantizar el derecho al aborto "en un contexto de claros avances reaccionarios y con comunidades autónomas como Madrid negándose a cumplir la ley".
Ahora bien, la portavoz parlamentaria de Sumar ha advertido de que no sirve una mera mención a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. "Una referencia genérica al aborto en la Constitución no sirve para nada. Los derechos deben tener contenido en la Constitución, si no, se dejan simplemente al desarrollo de una ley y ahí tenemos un problema gordo porque se pierde incluso la jerarquía normativa entre Constitución y ley", ha alertado.
FOTO: La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en el Congreso. EFE/ JJ Guillén
Programa 57. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos trae el caso de la llamada 'mujer de rosa', una chica hallada muerta en la carretera de Viladecans (Barcelona) en 2005 que la Policía Nacional ha identificado 20 años después, dentro de una campaña promovida por la Interpol. Conversamos con Manuel Galisteo, presidente del sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), Cristina del Villar y Manuel Morales, miembros del sindicato, durante la manifestación celebrada en las calles de Madrid. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la polémica en torno a la prohibición del gobierno madrileño de mostrar símbolos de apoyo a Palestina en los colegios de la comunidad autónoma. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al quinto capítulo sobre el secuestro y asesinato de Anabel Segura (1993).
El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de modificar la Constitución para que recoja el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el informativo '24 Horas de RNE' hablamos con Itzíar Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. "La ley que tenemos en España es muy buena, pero las políticas públicas, que son más competencia de las comunidades autónomas, dificultan en muchas de ellas el ejercicio del derecho. Por eso, llevarlo al texto constitucional supone elevar la consideración y ponerlo al mismo nivel que otros, como el de la libertad religiosa".
Gómez nos explica cómo se podría blindar este derecho en la Carta Magna. "Sería más fácil modificar la Constitución si metiéramos el derecho entre los principios rectores, pero esta no es la mejor opción. Si quisiéramos incluirlo entre los derechos fundamentales, sería necesaria una reforma que llamamos agravada de la Constitución". La profesora de Derecho Constitucional asegura que colocar un derecho entre los principios rectores "no garantiza en absoluto que se movilicen las políticas públicas suficientes". Apunta que tenemos un bloqueo de muchos hospitales públicos para poder abortar y explica que el Ministerio de Sanidad no tiene datos suficientes: "Si esto sirve para que el Gobierno se movilice y recupere los datos que necesitamos valdría al menos para eso".
Mariola Guevara, delegada del Gobierno en Murcia, ha calificado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de “despropósito” lo que se está viviendo en Jumilla. Para la delegada, la prohibición de actos religiosos en centros deportivos, que acogían celebraciones islámicas, en la localidad tiene un “efecto discriminatorio claro” y asegura que a algunos pueblos de la Región de Murcia los están utilizando, haciendo referencia a Vox y al PP, como “conejillos de indias”. “Somos un laboratorio de la extrema derecha donde quieren confrontar, donde quieren romper nuestra convivencia, algo que no podemos permitir en una democracia como la que tenemos”, ha dicho Guevara.
Sumar propone reformar el artículo 43 de la Constitución para incluir el derecho al aborto. Hace exactamente un año abrieron el debate, pero no lograron el apoyo de los socialistas. Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, afirma en '24 Horas' de RNE: "Creemos que el reconocimiento constitucional va a llevarnos a otro paso que es la garantía del derecho al aborto en España". Por ello trabajarán "en un texto de consenso" y esperan llegar a "acuerdos". La portavoz de Sumar explica que han remitido "la propuesta escrita a la totalidad de los grupos parlamentarios" y que están "dispuestas a escuchar a las expertas".
Barbero califica como "una cuestión clave" que el derecho se fundamente "en la autonomía de las mujeres [...] porque hay quienes no pueden acceder al aborto en España".
Respecto a la reducción de condenas a dos miembros de La Manada al aplicar la ley del 'Solo sí es sí', la portavoz de Sumar cree que "las normas deben ser lo más claras posibles para evitar malinterpretaciones y esta norma puede ser interpretada para no producirse rebajas en las penas".
La acusación popular es un derecho constitucional en el que un partido político, una asociación o un colectivo participa en un proceso penal sin ser víctima del presunto hecho delictivo. A lo largo de los años partidos de diversas ideologías han intentado limitar este derecho. En el cuarto capítulo del formato '¿De qué me hablas?' sobre palabras relacionadas con la justicia, la periodista Cristina Domaica explica qué es la acusación popular.
Informa: Cristina Domaica
Realización: David Sieira
En 'Las Mañanas de RNE' nos visita el abogado del Estado, Jesús López-Medel, para presentarnos y analizar su nuevo libro 'Calidad democrática: partidos voraces, institucionales contaminadas'. Hace un repaso de lo que ha pasado en nuestro país desde la aprobación de la Constitución en 1978, la implantación de un sistema democrático y la creación de las principales instituciones públicas. López-Medel destaca el papel de los medios de comunicación, que juegan un papel muy relevante. "En una sociedad democrática lo más importante es que los ciudadanos estén formados e informados", asegura.
Sobre los partidos políticos que tenemos actualmente en España, el abogado del Estado resalta que "son una pieza fundamental", pese a que a lo largo de los últimos años los dirigentes hayan buscado perfiles que estén cada vez más adscritos a su ideología personal. Por ese motivo, reconoce que estos movimientos han "debilitado" la calidad democrática. Otro de los temas que aborda es el papel que tiene el Tribunal de Cuentas en España. Un organismo que, según él, "funciona con bastante retraso y no es todo lo eficaz que se espera". El abogado asegura que es muy complicado que se destapen casos de corrupción dentro del tribunal y, por eso, insiste en que debe haber un control de las instituciones públicas.
