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El Consejo de Ministros ha estudiado un informe de un grupo de expertos sobre la reforma del poder judicial. El informe propone que únicamente el presidente del Consejo General del Poder Judicial tenga dedicación exclusiva y que los 20 vocales solo cobren dietas. Para ser presidente de ese órgano habrá que tener la condición de magistrado del Tribunal Supremo. El ministro de Justicia asegura que buscará el más amplio acuerdo posible para hacer la reforma.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y la diputada del PSOE María González han protagonizado este miércoles en la sesión de control un rifirrafe a cuenta de los derechos de los homosexuales, después de que la socialista le haya preguntado al respecto y exigido al Gobierno que retire "el recurso de la vergüenza" -el presentado por el PP en el Tribunal Constitucional- contra el matrimonio homosexual y los haya acusado de "retrógrados". Gallardón, ante las protestas de los diputados del PSOE por referirse a algunos responsables socialistas que se han posicionado contra el matrimonio homosexual, ha pedido al presidente del Congreso, Jesús Posada, que "calme" a la bancada socialista; a lo que este le ha espetado: "Señor ministro, el pleno lo dirijo yo". Gallardón ha asegurado "defender" los derechos de los homosexuales, pero ha eludido responder a si se iba a retirar el recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno pide respeto a la decisión que se ha tomado en el Poder Judicial y asegura que trabajará para consolidar el prestigio de jueces y magistrados. Lo decía el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Y en el Congreso algunos diputados han dado también su opinión sobre la dimisión de Carlos Dívar. Muchos coinciden en que servirá para recuperar la credibilidad de la institución.

El PSOE cree que las explicaciones de Dívar son insuficientes y anuncian que pedirán explicaciones en el Congreso. Izquierda Unida ya ha solicitado la comparecencia de Dívar. Y en el Gobierno dan por zanjado el asunto.

El Ministro de Justicia anuncia que endurecerá las penas para los agresores sexuales, después de entrevistarse con el padre de Marta del Castillo. En función de su peligrosidad, los tribunales podrán decidir que, una vez cumplida la pena impuesta, sigan en prisión hasta un máximo de 10 años. Es lo que se llamará "custodia de seguridad".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que el Gobierno únicamente introducirá la prisión permanente revisable para los delitos de máxima gravedad en el terrorismo y que no la hará extensible a los delitos contra la libertad sexual, que sí contarán con medidas adicionales, como la custodia de seguridad, que consiste en una medida privativa de libertad.

Con los presupuestos ya bajo el brazo, algunos ministerios han empezado a desgranar la parte que les corresponde. Hoy lo ha hecho el de Justicia que ve reducido un 6,3% el dinero de su departamento. La cifra en parte se verá compensada con lo que se recaude de las nuevas tasas judiciales.