Alberto Ruiz Gallardón

• Responde a los jueces que han firmado por el indulto de mossos por torturas
• Unos 200 jueces apoyan un manifiesto contra la decisión del Gobierno

El ministro Alberto Ruiz Gallardón ha dicho esta mañana que los jueces no deben tener un trato diferenciado del resto de los funcionarios. Los jueces amenazaron ayer con una huelga en enero. Desde el Poder Judicial dicen que la huelga no es la mejor opción.

Doscientos jueces de toda España, entre los que hay magistrados del Supremo, han hecho público un manifiesto donde critican que el pasado Consejo de Ministros indultara por segunda vez a cuatro Mossos que habían sido condenados a 4 años de cárcel por torturas.

• Apunta que es un "tema complejo" y que no es un momento "positivo"
• Hay otros problemas que causan retrasos en los tribunales, dice

• Lo ha anunciado tras calificar el PSOE de "machista" las nueva Ley de Tasas
• También estarán exentas víctimas de terrorismo, menores y discapacitados

• Las detenciones se han producido en Sao Paulo y en ciudades vecinas
• Están relacionados con robos violentos en barrios ricos de la ciudad
• No ha sido detenido el que mató a Tomasso Lotto, amigo del hijo del ministro

• Se han manifestado ante las sedes judiciales y ante el Ministerio de Justicia
• Protestan por la sobrecarga de trabajo y "el debilitamiento" del CGPJ
• Existe un rechazo unánime entre los colectivos profesionales a las nuevas tasas

Esta mañana ha habido concentraciones de jueces y de fiscales de toda España. Se han reunido ante las sedes judiciales de todas las capitales de provincia para rechazar las últimas reformas anunciadas por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

• Se tiene que acreditar esta condición y demuestrar un vínculo con el país
• Será indispensable un "certificado" de la Federación de Comunidades Judías

Aunque las nuevas tasas judiciales deberían haber entrado hoy en vigor, los juzgados de momento no las están cobrando. Tardarán unas semanas porque aún no están listos los impresos correspondientes. Esas tasas han centrado hoy el debate político. Socialistas e Izquierda Unida apoyan recurrirlas ante el Constitucional. El gobierno asegura que servirán para hacer más eficaz la justicia.

• Acudirán representantes de otras cuatro empresas relacionadas
• Aún debe decidirse si comparecen personas externas al ámbito municipal
• La oposición quiere que estén Cifuentes o el jefe de la Policía Nacional

• Los socialistas defienden que se ha diseñado "una justicia de dos clases"
• "La decisión está tomada. Vamos a recurrir, vamos a recurrir el tasazo", dicen
• Mientras, el PP defiende la constitucionalidad de la ley de tasas judiciales

El presidente del Gobierno anunció que tomaría medidas para paralizar de forma temporal los desahucios de las familias más vulnerables. También el PSOE pidió a los bancos que los pararan hasta que se aprobara una nueva ley. Con el anuncio de los bancos sobre la mesa horas se reúnen en el Palacio de la Moncloa las delegaciones del Gobierno y de los socialistas, Los partidos minoritarios exigen que se cuente con ellos en esa negociación. CiU, la Izquierda Plural y UPyD coinciden al decir que populares y socialistas rechazaron las medidas que cada uno de ellos presentó hace meses para evitar los desahucios.

También en el Congreso, el ministro de Justicia, en respuesta a una interpelación de UPyD, ha anunciado que el Gobierno modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que partidos políticos y sindicatos tengan responsabilidades penales; hasta ahora estaban exentos.

• Las tasas para recurrir en los tribunales subirán entre 50 y 750 euros
• Toda la oposición ha abandonado en bloque la sesión antes de la votación
• El PP cree que solo buscaban "un minuto de telediario"

• Tendrán las mismas responsabilidades que el resto de personas jurídicas
• Así lo contemplará la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal
• Gallardón ha dicho que "no tiene" sentido que tengan ese privilegio

• Dice que actualmente hay 6.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro
• El Congreso rechaza devolver la ley que endurece las penas por delito fiscal
• El PSOE: el cambio del Código Penal es "probablemente anticonstitucional"
• Izquierda Plural: "La nueva ley es deficiente, discriminatoria y criminalizadora"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".

En la defensa del proyecto, Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.

Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".

Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".

• Subraya que "un país sin seguridad jurídica" no será atractivo para las inversiones
• "Cataluña siempre ha tenido una vocación de diálogo", dice el ministro

Castigará el matrimonio forzoso y difundir imágenes íntimas sin consentimiento.