El Gobierno respalda que los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' puedan votar

El Gobierno se ha opuesto a la petición de Vox e Iustitia Europa para que el Tribunal Supremo amplíe la suspensión del voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', asegurando que provocaría "inseguridad" tanto para los afectados como para el escrutinio.

Según su escrito de alegaciones, la Abogacía del Estado ha mostrado "su oposición al dictado de las medidas cautelares instadas" por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".

Lo hace en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la vez que pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, "con carácter previo" a la resolución de este incidente cautelar, proceda al "emplazamiento de los terceros afectados".

Vox pide suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' si los padres no acreditan el exilio

Dentro del plazo abierto para el Supremo para pronunciarse sobre esa petición, la Abogacía del Estado sostiene que puede darse una "afectación notoria" e "indubitada" sobre "el derecho fundamental al sufragio activo de las personas que pudieren verse afectadas por ella".

Y añade que la suspensión reclamada "incidiría también de modo notorio y directo en el desarrollo del proceso electoral en curso, que se vería afectado por la inseguridad e indeterminación que su adopción comportaría".

Afectaría a casi 190.000 afectados

"Todo su desarrollo en sus trámites legalmente establecidos quedaría condicionado por la incidencia que en él se produciría a consecuencia de la adopción de la medida cautelar que ahora se interesa y que incluso pudiese afectar al escrutinio final que haya de realizarse y proclamarse por cuanto pudieren existir sufragios emitidos pero pendientes de computar según lo ya resuelto", señala.

Asimismo, indica que la petición de los recurrentes que consiguieron que el Supremo suspendiera el voto para los nacionalizados que no acrediten exilio de sus descendientes "es en sí misma indeterminada y de imposible cumplimiento en el momento en que la interesa".

"La relación nominal que se interesa no existe, y además con el 'plus' añadido, y que a estos efectos cautelares es esencial, de que haya de enlazarse -'cadena'- con quienes a su vez tuvieren una adquisición del inciso primero sin certificación consular", apunta.

Según los servicios jurídicos del Estado, el número de personas que podrían verse afectadas sería 189.578, en función de los datos de las inscripciones practicadas en las oficinas consulares al amparo de la Ley de Memoria Democrática, que incluye la posibilidad, a través de la denominada 'ley de nietos', de nacionalizar a quienes tengan antepasados que padecieron exilio y lo soliciten.

A ello agrega que "no se identifican los medios materiales y humanos que permitirían alcanzar ese resultado" y subraya "el extraordinario esfuerzo ya desplegado por la Administración" a través de los consulados españoles "para cumplir los anteriores pronunciamientos cautelares", añadiendo que una "repetición respecto de nuevos colectivos, en un horizonte temporal de apenas unas semanas y en pleno desarrollo del proceso electoral, resulta materialmente incompatible con los recursos disponibles".