Al menos 31 detenidos tras los disturbios en las protestas universitarias de Buenos Aires
- El Ministerio de Seguridad ha informado de un total de ocho agentes heridos y destrozos de hasta 53.000 euros
- Los manifestantes acusan al Gobierno nacional de "reprimir cruzando todos los límites"
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Al menos 31 personas han sido detenidas tras los disturbios ocurridos este jueves en Buenos Aires durante las protestas universitarias, que se han extendido a otras ciudades de Argentina. Los manifestantes, que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, han protagonizado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han respondido lanzando gases lacrimógenos y empleando camiones de agua.
En concreto, la Policía de la ciudad de Buenos Aires ha detenido a seis personas, todas ellas después de haber terminado la marcha. La primera, pasadas las cinco de la tarde hora local, fue un adolescente de 14 años que habría lanzado piedras contra un vehículo policial. Poco después, agentes porteños han detenido a cinco manifestantes más, todos ellos imputados con atentado y resistencia a la autoridad, a excepción del único menor de edad, de 17 años, que formaba parte del grupo, según ha recogido el diario La Nación.
El mismo periódico recoge que, además, las autoridades nacionales han arrestado a otras 25 personas en los accesos a la estación de tren del barrio de Constitución, en el sur de la ciudad, según el Ministerio de Seguridad.
Los manifestantes se protegen de los cañones de agua AP Photo / Rodrigo Abd
Al menos ocho agentes heridos
La cartera ha informado de un total de ocho agentes heridos: cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval, mientras que desde la administración porteña han cifrado en 90 millones de pesos argentinos (53.000 euros) los destrozos causados en los disturbios, según ha recogido el diario Clarín.
Tras las movilizaciones, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, ha manifestado en redes que "quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia", alegando que "en Argentina, nadie está por encima de la ley", y recalcar que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", mostrando imágenes de los incidentes.
En este sentido, la cartera que dirige ha indicado ya que trabaja en una denuncia penal contra las personas involucradas en los disturbios, a quienes atribuye delitos de "resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado", según La Nación.
La respuesta policial, con gases lacrimógenos y cañones de agua, no ha estado exenta de críticas, llegando a afectar a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, quienes se encontraban en las inmediaciones del edificio anexo de la Cámara de Diputados, alcanzado por los proyectiles de las fuerzas de seguridad, que han hecho que Moreau haya acabado atendida por personal médico.
Por su parte, las principales organizaciones involucradas han protestado contra la intervención de los antidisturbios, destacadamente el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Protesta universitaria en Buenos Aires vistas desde el aire AP Photo / Cristian Kovadloff
"Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara", han manifestado en un comunicado conjunto en el que afirman que las "cuatro marchas absolutamente masivas" celebradas en anteriores ocasiones, la última el pasado mes de mayo, no fueron "controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio", de igual manera que "en todo el país se han manifestado hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes".
La manifestación, en la que han asegurado haber congregado a "decenas de miles de argentinas y argentinos", se desarrollaba "dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones" hasta la intervención policial. "Ha sido el Gobierno nacional el que ha tomado la decisión de reprimir cruzando todos los límites", han denunciado, señalando directamente al Gobierno de Javier Milei.
