La Comunidad de Madrid inicia los trámites para crear el registro de objetores al aborto, al que Ayuso se ha opuesto
- La región publica en el Portal de Transparencia el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad
- La Justicia obligó a Madrid a iniciar los trámites administrativos para generar el listado de objetores
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La Comunidad de Madrid ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el registro de médicos objetores del aborto para someterlo a consulta pública durante 30 días hábiles.
Con este paso comienza el trámite para la creación de este registro en cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a la región a hacerlo.
En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, ante la inactividad administrativa del Ejecutivo autonómico.
En concreto, dicha norma establece que cada Comunidad Autónoma creará un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica del aborto.
Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 unas instrucciones de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.
Aviso a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid
En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso.
De esta forma, el departamento que dirige Mónica García anunció el pasado 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Ya entonces la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto.
Entre otras cuestiones, desde la Comunidad de Madrid se ha defendido que la creación del registro constituye una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal.
La Administración autonómica sostuvo además que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se encuentra plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante mecanismos organizativos propios. En este sentido, explicó que, cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el derecho.
La postura de la Comunidad de Madrid
Desde el Ejecutivo de Ayuso se ha defendido que la Comunidad "está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo".
"Tenemos capacidad de autoorganización que nos reconoce la propia ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid", señaló recientemente el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García. Y, además, apuntó que, su Administración tiene "perfectamente organizado el servicio para poder hacer compatible un derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación".
En este contexto, Ayuso ha insistido reiteradamente en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo.
Por su lado, la ministra ha advertido a la presidenta madrileña de que su negativa a crear el registro de objetores podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público, según el artículo 410 del Código Penal.
