Cuatro adolescentes agreden a un compañero con parálisis cerebral en un instituto de Santander
- La Fiscalía de Menores abre diligencias a los cuatro denunciados por la agresión
- Los atacantes han sido expulsados cinco días del centro educativo, pero ya han vuelto
La Fiscalía de Menores de Cantabria ha abierto diligencias de investigación contra los cuatro alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Leonardo Torres Quevedo de Santander denunciados por la agresión a un compañero con parálisis cerebral. Fuentes del Ministerio Público han confirmado la apertura de las citadas pesquisas, orientadas a esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas que correspondan. Aunque hay un expediente administrativo, una vez que se incoa un procedimiento en el ámbito judicial, la actuación de la Administración queda en suspenso hasta que concluya la labor del juzgado y la Fiscalía.
Los hechos, que trascendieron este pasado miércoles, ocurrieron hace dos semanas, cuando los implicados increparon a la víctima, en silla de ruedas. La Consejería de Educación del Gobierno regional activó el protocolo de acoso escolar y el centro abrió el procedimiento disciplinario ordinario a los responsables de la agresión, que conlleva medidas cautelares y la expulsión del IES durante cinco días, el plazo máximo que marca la ley, y que ya se ha cumplido.
Las imágenes de la agresión donde se veía a varios alumnos golpeando e increpando al joven fueron difundidas en las redes. "Él nunca me había manifestado nada. Él tenía miedo a sentirse apartado y no sentirse integrado en su grupo", ha explicado la madre de la víctima.
El alumno estará "en supervisión permanente"
Entre las medidas preventivas del protocolo de acoso adoptadas se encuentran el acompañamiento del alumno a lo largo del día, dentro del marco de protección y seguridad: la supervisión del clima del aula evitando el contacto entre víctima y agresor; la colaboración familiar para informar sobre el estado emocional del alumno y los posibles incidentes y el apoyo individualizado para trabajar autoestima, bienestar emocional o relaciones interpersonales.
La familia reclama que una vez finalizada la sanción impuesta, víctima y agresor no vuelvan a compartir espacio. Por ello solicitan que se cambie de instituto a los cuatro agresores, no que tenga que hacerlo la víctima.
RTVE ha entrevistado a varios alumnos del centro escolar para preguntarles por su visión. Algunos declaran que no sabían nada, otros, que ha sido una situación puntual y que creen que el castigo es suficiente. Sin embargo, otro de los alumnos reconoce que no es la primera vez que ocurren estas situaciones y que suelen centrase en esta víctima concreta.
La respuesta institucional
"Es inadmisible y quiero mostrar toda la rabia por lo sucedido y mi tristeza porque menores puedan verse involucrados en acontecimientos de este tipo", ha asegurado Sergio Silva, consejero de educación de Cantabria, quien también ha manifestado su "total apoyo" al alumno y a su familia, con quien ya ha podido hablar.
El consejero ha ofrecido toda su solidaridad al alumno y su entorno más cercano y ha resaltado como prioridad ofrecerles una atención absoluta, que garantice "el bienestar y la protección" del menor, así como resolver todo lo acontecido de "la mejor manera posible". Además, desde el departamento que dirige Sergio Silva investigarán si hubo acoso anterior a este alumno del Torres Quevedo, que está "en supervisión permanente".
Desde la Plataforma O Bullying denuncian que este curso ya han tenido conocimiento de 146 incidencias de centros educativos. Aunque no han sabido precisar el número exacto de casos judicializados — algunas causas no han sido resultas y otras archivadas— la presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja, reconoce que "por regla general, se intenta no llegar al juzgado, por el coste económico y psicológico en los menores". Respecto a este caso concreto, han ofrecido apoyo psicológico y jurídico a la familia ante un caso "muy serio", para el que pide una "sanción ejemplarizante".
El AMPA del Torres Quevedo ha condenado la agresión al alumno y llama "a la calma y a la responsabilidad". Estudiantes del centro piden la "expulsión definitiva" de los agresores y llaman a organizarse para acciones de protesta mientras tanto.
Y desde ASPACE, tanto desde la entidad nacional como a nivel regional, han trasladado igualmente su ayuda a la víctima y su familia. Ven "intolerable" cualquier violencia o discriminación a personas con discapacidad y piden trabajar por entornos educativos "seguros, respetuosos e inclusivos".
¿Funcionan los protocolos contra el acoso escolar?
Con el protocolo en la mano se abren varias preguntas: ¿funcionan los protocolos? ¿Es menor una agresión si es un episodio aislado, independientemente de la magnitud? ¿Qué medidas se toman ante una agresión esporádica y cuáles se tomarán si se determina que no es acoso? Los documentos coinciden en que se considera acoso cuando la víctima es objeto de maltrato verbal o físico de forma continuada.
Por este motivo, ante un conflicto no se activa el protocolo, sino que se toman otras medidas. En el caso del IES Torres Machado se ha activado y se está estudiando, si efectivamente esta situación se había dado con anterioridad. El protocolo cántabro recoge que así sería si "uno o varios compañeros que se comportaban con él de forma hiriente, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo atentando contra su dignidad".
El documento recalca que: "Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresiones esporádicas y otras manifestaciones violentas. Para poder considerar un comportamiento como acoso escolar deben cumplirse tres criterios diagnósticos, que deben darse simultáneamente, prescindiendo de la personalidad de la posible víctima: la intención de hacer daño, la repetición de las conductas agresivas y la duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder desequilibrado entre víctima y agresores".
Según el consejero de educación, Sergio Silva, la Administración educativa ha activado el protocolo contra el acoso "no tanto por el episodio en sí, sino por lo que haya podido suceder anteriormente". De forma cautelar, los cuatro menores involucrados fueron expulsados cinco días del centro, tras la denuncia presentada por la madre del menor el pasado 12 de marzo, aunque ya han vuelto al aula.
Aunque hay un expediente administrativo, una vez que se incoa un procedimiento en el ámbito judicial, la actuación de la Administración queda en suspenso hasta que concluya la labor del juzgado y la Fiscalía. En este caso así ha sido, ya que la Fiscalía mantiene abiertas diligencias de investigación contra los menores.
El consejero insiste, en este caso: "Estamos en una situación en la que hay un control permanente sobre la víctima para que no esté en ningún momento solo, tanto en el aula como fuera. El equipo docente, profesores de apoyo, orientadora y técnico sociosanitaria que acompañan a este menor por sus especiales características hacen que en ningún momento se encuentre solo", ha reiterado y también ha destacado que lo más importante es que fuera del aula esté vigilado y supervisado para que no vuelva a ocurrir. "Eso es lo que garantizamos. No hay interacción entre ellos porque esa supervisión permanente del menor va a hacer que nunca esté solo tanto en el aula como fuera", ha apostillado.
También ha mostrado preocupación por los compañeros de aula de la víctima y de la comunidad del centro educativo, porque están "en el foco mediático" y hay que "intentar controlar que todo eso sea asimilado" de una manera "lo más normalizada posible", explica. Por ello, ha recalcado que tanto la víctima como sus compañeros deben recibir atención emocional.
No son hechos aislados
Algunos compañeros del menor han alzado la voz explicando que es una situación que se viene dando desde hace tiempo, por lo que han decidido concentrarse delante del instituto el viernes como muestra de apoyo a la víctima, para pedir que no pase más y también para visibilizar la situación.
Asimismo, Tolerancia 0 ha advertido de que, desgraciadamente, este tipo de sucesos "no son una excepción para la comunidad educativa", ya que se estima que "entre el 10% y el 15% de los estudiantes son víctimas de violencia por parte de sus compañeros". "Las políticas de tolerancia cero frente a la violencia en las escuelas deben ser unánimes, lejos de debate político", ha reivindicado su presidenta, y ha instado a los diferentes representantes "a unir fuerzas y legislar en beneficio de los menores escolarizados". También ha apuntado que "las acciones violentas no se combaten con violencia".
