El juez ve indicios de "conducta delictiva" en los mandos superiores de los soldados ahogados en Cerro Muriano

• Aprecia la posible responsabilidad penal en cuatro jefes del Ejército de Tierra que están en régimen de aforados
• Opta por inhibirse y que sea el Juzgado Militar Central de Madrid quien asuma la investigación

El juez ve "indicios penales" en la muerte de los dos militares de Cerro Muriano EFE/ Salas

El titular del Juzgado Togado Militar Número 21 de Sevilla considera que hay indicios de "responsabilidad penal" de terceras personas en el caso del ahogamiento de dos militares el 21 de diciembre de 2023 en la Base de Cerro Muriano, en Córdoba. En concreto, lo aprecia en cuatro jefes del Ejército de Tierra –dos coroneles, un teniente coronel y un comandante– que cuentan con aforamiento militar.

Al no contar el magistrado con las competencias necesarias para investigar a estos mandos superiores, ha decidido inhibirse y que sea el Juzgado Militar Central de Madrid quien asuma la investigación sobre el incidente ocurrido durante unas maniobras militares el pasado diciembre.

Previamente, el juzgado civil ordinario sobre el que recayó el caso en las primeras instancias ya se inhibió en el juzgado militar de Sevilla, decisión confirmada por la Audiencia Provincial, que asumió la causa y que imputó a tres mandos de la base: un capitán encargado de las maniobras, un teniente y un sargento como presuntos responsables de un delito contra la eficacia del servicio.

Finalmente, en las últimas semanas el juez militar de Sevilla visitó la base de Cerro Muriano para hacer una reconstrucción de los hechos y tomó declaraciones a testigos imputados, aunque finalmente ha decidido inhibirse en favor del Tribunal Militar Central, que asumirá nuevas diligencias.

Una "infracción del deber garante" y un delito de comisión por omisión

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso RTVE, las personas con posible "responsabilidad penal" podrían haber incurrido en una "infracción del deber garante" en cuanto a su función de "supervisar, autorizar y ejecutar lo programado", en referencia a las maniobras en las que fallecieron los dos militares.

Así, expone que "en principio se pudiera considerar que el fatídico resultado producido tuvo su origen en que las medidas de seguridad empleadas en orden a la correcta realización del ejercicio programado no cumplieron la función pretendida". También entiende el juez que se puede haber dado un "delito de comisión por omisión" o, en su caso, un delito "contra los deberes del mando".

Por todo ello, y con base en los indicios sobre "una posible conducta delictiva" por parte de los mandos superiores, el juez del Tribunal Militar de Sevilla ha acordado la inhibición de la investigación en favor del Juzgado Togado Militar Central, decisión ante la que cabe recurso en un plazo de cinco días. 

Por el momento, están imputados por el caso un capitán, que ha sido retirado del servicio; un teniente y un sargento.