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La Comisión Europea lleva a España ante la Justicia por incumplir la directiva de aguas residuales

  • Señala que España incumple la directiva europea en 133 municipios
  • El caso se remonta a diciembre de 2016 cuando el Ejecutivo europeo abrió expediente a España

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Imagen de archivo de una estación de depuración de aguas residuales urbanas en Palma
Imagen de archivo del Torrent Gros a su paso por la estación de depuración de aguas residuales urbanas de Palma.

La Comisión Europea (CE) ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por "incumplimiento generalizado" de la directiva sobre aguas residuales urbanas. Esa directiva tiene por objeto proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas de los sectores doméstico e industrial.

Bruselas ha decidido elevar el caso a los tribunales europeos, después de que España no haya corregido las deficiencias halladas por una investigación comunitaria que reveló una mala gestión de las aguas residuales urbanas en más de 100 aglomeraciones urbanas.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha dicho acoger con satisfacción el hecho de que España haya realizado progresos, pero ha considerado que aún debe dotar a todas las aglomeraciones de sistemas colectores o, cuando esté justificado, con sistemas individuales u otros apropiados, como fosas sépticas, logrando el mismo nivel de protección ambiental.

Según la CE, España también debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para cumplir las normas pertinentes. Esto significa, ha explicado la Comisión, que hay aglomeraciones donde es necesario construir o mejorar la infraestructura, lo que puede requerir inversiones para levantar nuevas instalaciones físicas o mejorar las de tratamiento ya existentes.

Ya pidió en 2016 que cumpliera la directiva

El caso se remonta a diciembre de 2016 cuando el Ejecutivo europeo abrió expediente a España por estas deficiencias registradas y en febrero de 2020 dio otro paso, al reclamar en un dictamen motivado poner en marcha medidas para cumplir íntegramente la directiva europea sobre aguas residuales urbanas.

El Pacto Verde Europeo establece una ambición de contaminación cero para la UE, lo que beneficia a la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática, mejorando así también la resiliencia de Europa, recordó la Comisión.

Añadió que la legislación de la UE, como la directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, tiene como objetivo proteger la salud humana y salvaguardar el medio ambiente natural, y es esencial que los Estados miembros la implementen por completo.

La directiva, aprobada en 1991, establece que los pueblos y ciudades están obligados a establecer la infraestructura necesaria para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo así todos sus efectos indeseables cuando se vierten en cuerpos de agua.