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EE.UU.

Estados Unidos sanciona a la fiscal de la CPI por investigar si sus tropas cometieron crímenes de guerra en Afganistán

  • Mike Pompeo, ha acusado al tribunal de "intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción"
  • La Corte Penal Internacional ha calificado de "inaceptables y sin precedentes" las sanciones por la investigación

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La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensuoda, durante la audiencia de un juicio en La Haya (Holanda).
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensuoda, durante la audiencia de un juicio en La Haya (Holanda).

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.

"Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción", ha manifestado en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El titular de Exteriores también ha anunciado sanciones contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko, por haber trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses.

Un instrumento usado con terroristas y narcos

Ambos han sido incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada "Nacionales Especialmente Designados" (SDN, por sus siglas en inglés) y que Washington usa para sancionar a terroristas y narcotraficantes, y no a funcionarios que trabajan en un organismo de derechos humanos.

Bajo las nuevas sanciones, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación.

En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera ingresar en el país; y en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados.

"Tomamos el siguiente paso porque la CPI continúa dirigiéndose contra los estadounidenses, tristemente", ha señalado Pompeo. Además, el secretario de Estado usó el mismo tono que ha empleado con enemigos de Washington para lanzar una dura advertencia contra quienes respalden a Bensouda y Mochochoko: "Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados", ha avisado.

Y ha especificado que el Departamento de Estado ha restringido la emisión de visados para quienes están implicados en las investigaciones de la CPI sobre el conflicto afgano.

La antipatía de Trump a la CPI

El desencadenante de las sanciones es una investigación sobre la guerra de Afganistán (2001-presente) que pudo ser abierta porque el país asiático sí acepta la jurisdicción de la CPI a diferencia de EE.UU.

En marzo de este año, los jueces autorizaron una investigación que Bensouda les había solicitado en 2017 por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos al ejército estadounidense, a grupos talibanes y autoridades afganas.

Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda) y fundada en 1998. Sin embargo, hasta ahora Washington se había limitado a ignorarla y nunca antes una Administración había adoptado una actitud tan beligerante.

Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha arremetido contra la CPI por sus decisiones contra Washington y sus aliados, como Israel, en lo que considera un intento del tribunal por socavar la soberanía estadounidense.

La CPI considera las sanciones "inaceptables y sin precedentes"

La Corte Penal Internacional (CPI) ha calificado de "inaceptables y sin precedentes" las sanciones de Estados Unidos contra su fiscal general, Fatou Bensouda, por la investigación.

Las medidas coercitivas de Washington "solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común de luchar contra la impunidad de las atrocidades en masa", ha declarado en un comunicado el presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, O-Gon Kwon.

"Respaldamos tanto a la corte como a su personal, así como a quienes cooperan con ella en la implementación de su mandato judicial", ha añadido el alto funcionario.

Ha recordado que el tribunal con sede en La Haya "es complementario a las jurisdicciones nacionales", es decir, que no intervendría si Estados Unidos investigase los supuestos crímenes de guerra cometidos por sus tropas en Afganistán.

O-Gon Kwon hizo un llamamiento para que los 123 países que forman parte de la corte "reiteren su compromiso" con la institución judicial para que ésta "preserve su integridad sin que se vea intimidada por cualquier medida o amenaza contra la corte y sus funcionarios, su personal y sus familias".

Asimismo, ha anunciado que la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la CPI, se reunirá próximamente para analizar las sanciones anunciadas por Washington.

Reacción internacional

La decisión de Washington ha provocado una fuerte reacción de la comunidad internacional, que ya expresó preocupación en junio, cuando Trump autorizó sanciones contra miembros de la CPI.

Este miércoles, poco después del anuncio, Amnistía Internacional (AI) ha pedido en Twitter a los 123 estados que forman parte del tribunal que usen su "poder colectivo" para hacer frente a las "vergonzosas" sanciones de EE.UU. contra Bensouda.

"Una respuesta firme y unificada debe incluir medidas prácticas urgentes para anular los efectos de las sanciones en el personal y las operaciones de la corte", ha subrayado AI.

Human Rights Watch (HRW), por su parte, ha pedido a la CPI que haga todo lo posible para garantizar que "nadie está por encima de la ley", en palabras de Balkees Jarrah, una de las encargadas de justicia internacional en la ONG.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha calificafdo de "agresión sin precedentes" las sanciones anunciadas por EE.UU. contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), que propuso investigar crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados.

"Estas sanciones son ilegales e inaceptables", ha señalado Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, que ha instado a que las medidas sean respondidas "con una condena y oposición internacionales inequívocas".

Según ha alegado, "los cargos de la CPI no deben ser castigados, acosados o perseguidos por cumplir con su mandato de investigar crímenes de guerra y otras violaciones graves del Estatuto de Roma".