La juez deja en libertad a Trapero, pero le retira el pasaporte y le impone comparecencias quincenales

• La juez desestima la petición de prisión incondicional de la Fiscalía
• Ve indicios que vinculan al mayor de los Mossos con la "estrategia" separatista
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La juez deja en libertad a Trapero con medidas cautelares

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha quedado en libertad provisional citado como investigado por un presunto delito de sedición durante los incidentes registrados los días 20 y 21 de septiembre, con comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España como medidas cautelares, y ha desestimado así la petición de prisión incondicional de la Fiscalía.

La juez sí ha estimado la petición de la Fiscalía de enviar a prisión sin fianza a los líderes de las entidades independentistas catalanas ANC y Òmnium Cultural por el asedio a la Guardia Civil durante la operación contra el referéndum del 1-O.

En cuanto al responsable de los Mossos, la juez califica los hechos que se investigan como "muy graves" pero desestima la petición de prisión al considerar que la posibilidad de "reiteración delictiva" que argumenta la Fiscalía no "aparece delimitada".

Indicios con la "estrategia" independentista

Según el auto, la actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación".

Ahora bien, la juez destaca en el auto que existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia independentista como es el contenido del documento EnfoCat hallado en el domicilio del 'número dos' de la Consellería de Economía, Josep María Jové Lladó, arrestado en la operación policial en la que se produjo el asedio.

Aunque la juez, según el auto al que ha tenido acceso RTVE.es, rechaza la petición del Ministerio Público, advierte al mayor de los Mossos de que en caso de incumplir alguna de las cautelares podría agravar las medidas impuestas que son las mismas que las dictadas para la intendente de la policía autonómica.

Lamela también ha establecido como medida cautelar la fijación de un teléfono donde pueda ser localizado inmediatamente, así como un domicilio, así como una persona que pueda recibir las notificaciones que se hagan al investigado.

Libertad para la intendente de los Mossos, Teresa Laplana

Previamente, la juez ha adoptado las mismas medidas cautelares para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien la Fiscalía pedía prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros.

Laplana fue la responsable de la dotación de los Mossos d'Esquadra en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción numero 13 de Barcelona y quedó en el interior, asediada durante cerca de 18 horas.

Laplana ha declarado este lunes por videoconferencia en calidad de investigada por un delito de sedición ya que, en su informe, la Guardia Civil señalaba que desoyó las llamadas de ayuda de los agentes durante el asedio que duró cerca de 18 horas el 20 de septiembre en la Consellería de Economía de la Generalitat durante una operación policial para evitar el 1-O.

El jefe de los Mossos d'Esquadra ha declarado como investigado por segunda vez, por un delito de sedición. La primera vez fue el pasado 6 de octubre. Los hechos por los que se le investiga, que conllevan penas de entre 8 y 15 años de prisión, se enmarcan en el asedio a la Guardia Civil en la Conselleria de Economía de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre, mientras las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro y detenciones en su interior relacionados con los preparativos del referéndum del 1-O.

Tras conocerse la decisión de la juez, los Mossos han asegurado a través de un tuit que van a demostrar "con pruebas" que las "graves acusaciones" que les atribuyen "no se ajustan a la realidad".

Informe de la Guardia Civil

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, ya les tomó declaración el 6 de octubre, pero fue justo ese día cuando la Guardia Civil aportó sus informes, en los que apunta que los imputados formaban parte del organigrama del Gobierno catalán en su estrategia hacia la independencia.

El informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional establece dos comités en el camino hacia la independencia, uno estratégico, en el que sitúa a Sànchez y Cuixart, y otro ejecutivo, ejercido por los Mossos que dirige Trapero.

En lo que respecta al delito de sedición que investiga la magistrada y que habría sido cometido los días 20 y 21 de septiembre -aunque el atestado también incluye el 1 de octubre-, la Benemérita vio en la actitud de los Mossos una "inacción flagrante" durante las movilizaciones contra los registros en las sedes de la Generalitat y durante el referéndum.

Sànchez y Cuixart, por su lado, fueron responsables, según la Guardia Civil, de "alentar a la masa" llamando a la protesta tanto frente a la Consejería de Economía -de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas- y luego ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Además de los cuatro investigados por sedición, previamente han declarado la secretaria del Juzgado número 13 de Barcelona y dos guardias civiles que acompañaron a la comisión judicial durante el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre declararon este lunes como testigos ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga el asedio al que fueron sometidos.

La secretaria judicial ha declarado por videoconferencia que tuvo que huir del edificio de la consejería por la azotea y salir por un teatro cuyo edificio es colindante con el de las dependencias que se estaban registrando.