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La Audiencia Provincial reabre el caso del presunto espionaje en Madrid a Cobo y Prada

  • Ha estimado un recurso de apelación del PSM contra el cierre del caso
  • El recurso plantea que húbo malversación de fondos públicos
  • Funcionarios y asesores de la Comunidad habrían espiado a Cobo y Prada

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Reabierto el caso de espionaje en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso del presunto espionaje en Madrid tras estimar un recurso de apelación del PSM contra el sobreseimiento del caso de presunto espionaje a políticos del PP, entre ellos el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el exconsejero de la Comunidad Alfredo Prada, según ha informado RNE.

El recurso de los socialistas plantea que se considere la hipótesis de que ha habido malversación de fondos públicos, presuntamente empleados para las actividades de espionaje de políticos como Cobo y Prada. El propio Cobo también recurrió el recurso del caso pero finalmente retiró el recurso.

La decisión de los tres magistrados del tribunal madrileño, y de la que  ha sido ponente Luz Almeida Castro, supone la reapertura del denominado  'caso de espionaje',  que fue inicialmente sobreseído en julio de 2010  por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen  Valcarce. La sección 16 ha estimado en un auto que no existen motivos para  proceder al sobreseimiento provisional y archivo de la causa porque hay  "indicios suficientes" de la comisión de delito de malversación de  caudales públicos.

Los tres imputados negaron haber seguido a Cobo y Prada

Los imputados son los funcionarios Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez, los cuales sostuvieron que al retirar la Fiscalía su acusación y quedar sólo la del Grupo Parlamentario Socialista como acción popular, ésta carecía de legitimación procesal.

Además, el PP impugnó la pretensión de la apelación al considerar que el delito de malversación de fondos públicos no se pudo acreditar, y negó que los teléfonos o vehículos utilizados por los imputados se destinaran con carácter principal a las actividades denunciadas.

El auto recuerda que los informes policiales establecieron la correlación entre los tres asesores de Seguridad de la Comunidad de Madrid -Caro, Coronado y Oreja- con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes, gracias a los datos suministrados por la compañía telefónica Movistar sobre los teléfonos asignados a dichos funcionarios.

Los tres imputados negaron "rotundamente" haber seguido a Cobo y a Prada, pero al ser identificados sus teléfonos, por ejemplo en la madrileña plaza de Cibeles, alegaron la existencia de varias consejerías en esa zona. Sin embargo, los magistrados consideran que ello no explicaría "su presencia sistemática" en dicho lugar.

"Indicios contundentes"

Además, sobre los seguimientos a localidades de la región madrileña, los imputados dijeron que era para reforzar la seguridad de esas personalidades, pero el tribunal sostiene que eso es incompatible con el hecho de que numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto.

Respecto a los indicios existentes contra Sergio Gamón,  los jueces recuerdan que proceden de las propias declaraciones de los asesores que reciben de él las instrucciones y que son "sus subordinados directos".

El auto menciona al funcionario José Manuel Pinto para afirmar que los indicios existentes contra él en la causa son "igualmente contundentes", ya que hay una pericial caligráfica que le considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los partes de seguimiento.

A la causa se ha aportado pericial contradictoria que niega su autoría en dichas anotaciones, y la sala de la sección 16, cree que "no debe pronunciarse sobre la credibilidad de una u otra pericial", pero insiste en que la prueba de la Policía es "indicio suficiente".

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Madrid también ordena en su auto la continuación de las diligencias que falten por practicar.

El PP: El auto se opone a los criterios del fiscal

El PP de Madrid ha destacado tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial que el auto "se opone a los criterios del fiscal" y que la ponente, María Luz Almeida, hermana de la que fuera candidata socialista a la Comunidad de Madrid, Cristina Almeida,  "lo ha resuelto en un mes".

Así lo han indicado fuentes del PP, que han hecho hincapié en que el auto "dice que la jueza se opone a los criterios del fiscal, ya que la Fiscalía da la razón a la jueza que confirmó el archivo".

Los 'populares' también han resaltado que el "auto que asume el recurso del Partido Socialista no aplica la doctrina Botín, según la cual una acusación popular (en este caso el grupo parlamentario socialista de la Asamblea de Madrid) no puede seguir con un procedimiento".

"Esta jueza está pidiendo diligencias que el fiscal y la jueza no consideraron oportunas y está, por tanto,  cuestionando las decisiones del fiscal y de la jueza", han recalcado, tras asegurar que la disposición del PP de Madrid es "esperar, y a la espera de lo que pidan, como siempre, se les dará".