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Obama rescata a los fabricantes de coches con condiciones draconianas para todos

       
  • Obama rechaza los planes de los fabricantes de coches y corta cabezas
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  • El Gobierno se mete de lleno en el sector a cambio de más ayudas
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  • General Motors deja abierta la posibilidad de declararse en bancarrota
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  • Chrysler se asocia con Fiat para recibir más fondos públicos
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  • El Gobierno dará garantías sobre los coches que se fabriquen durante la reestructuración

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Obama demanda nuevas exigencias a la industria del automóvil a cambio de ayudas públicas
"No podemos, no debemos ni dejaremos que desaparezca la industria del automóvil". Con estas palabras el presidente de EE.UU., Barack Obama, ha accedido a rescatar a Chrysler y General Motors, pero advirtiendo que impondrá condiciones mucho más estrictas para meter más dinero público.
 
De hecho, Obama ha rechazado los planes de reestructuración presentados por General Motors y Chrysler: "no han ido lo suficientemente lejos". 

No dará más ayudas si no se acometen sacrificios importantes
; los que no se han hecho hasta ahora. La reforma será pilotada por Edward Montgomery, que fue número dos en el ministerio de Trabajo. 

La administración ha señalado que ninguno de los dos gigantes del automóvil ha cumplido las condiciones impuestas bajo los préstamos públicos que recibieron el pasado mes de diciembre. Han agotado prácticamente los más de 17.000 millones de dólares inyectados. GM ha pedido casi otros tantos y Chrysler necesita 5.000 millones más para evitar la quiebra.

En todo caso, no se descarta todavía la bancarrota como salida para ambas compañías. Si así fuera, se trataría de un proceso rápido y supervisado por los tribunales para limpiar de deudas a las compañías. La bancarrota no significa la desaparición. Es el último cartucho para que accionistas y sindicatos hagan concesiones importantes. El objetivo, no obstante, es reconvertir la industria para que "lidere la nueva generación de coches limpios".

En este sentido, General Motors ha dejado abierta la puerta a una posible declaración de bancarrota al señalar que, aunque preferiría reestructurarse "fuera de los tribunales", la empresa "tomará cualquier paso necesario" para tener éxito. 

La cabeza de GM como señal de aviso

El Gobierno está dispuesto a inyectar más dinero pero a cambio de tomar el control. La primera medida ha sido exigir la dimisión del presidente de General Motors, Rick Wagoner, que cogió por sorpresa a Washington y Detroit, la capital del automóvil. 

La decisión se tomó el viernes y el propio Wagoner explica que le obligaron a "echarse a un lado". Su dimisión sería el preludio de otras tantas en el consejo de administración de la compañía y señala una nueva fase en la intervención pública. No obstante, Obama asegura que "el Gobierno no tiene intención de dirigir la compañía".

El informe gubernamental considera que GM ha logrado avances sustanciales en la fabricación de modelos eficientes en el consumo. Señalan que puede sobrevivir si recorta aún más los costes de fabricación, la plantilla y las líneas de producción. La administración está dispuesta a dar al fabricante otros 60 días para presentar un plan y entretanto, inyectará más capital.

Alianzas impuestas para salir del agujero

Por su parte, Chrysler ha anunciado que ha llegado a un acuerdo final con la italiana Fiat para formar una alianza, poco después de que Obama condicionase la concesión de más ayudas a la firma a un acuerdo definitivo.

El presidente de Chrysler, Bob Nardelli, ha asegurado a través de un comunicado que "Chrysler, Fiat y Cerberus han alcanzado un acuerdo sobre el marco de la alianza global, apoyado por el Departamento del Tesoro". 

Con este pacto, el Gobierno estaría dispuesto a conceder otro préstamo de 6.000 millones de dólares a la compañía. FIAT tomaría una participación minoritaria del 35% pero podría llegar hasta el 49% de la nueva empresa. Antes, Chrysler debe devolver el dinero público.

No es la única condición. Chrysler debe reducir también su deuda y los compromisos de cobertura sanitaria de sus trabajadores. 

Obama quiere repartir la carga de la solución entre todos los actores del drama, y no sólo el contribuyente. La indignación que han provocado las primas de AIG, otra compañía rescatada con dinero público, han convencido al Presidente que debe presionar a los ejecutivos, propietarios e incluso los trabajadores. 

La administración está presionando a los titulares de bonos de GM para que conviertan 18.000 millones en acciones. Los sindicatos por su parte, deberán hacer lo propio con hasta la mitad de los beneficios sanitarios de los trabajadores. Ambos puntos no son estrictamente nuevos, ya se exigieron en el primer plan de ayuda federal.

La situación crítica de ambos fabricantes de coches mina de paso sus expectativas de venta. La administración Obama está dispuesta a dar garantías a los consumidores que compren los automóviles y camiones de GM y Chrysler. Se trataría de pagar las reparaciones de sus productos en tanto dure la reestructuración de las empresas.

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