El Supremo pide el suplicatorio al Congreso contra Laura Borràs por una presunta adjudicación irregular
- Se investiga la adjudicación de 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes
- La diputada de Junts per Catalunya no acudió a declarar ante el Supremo y abrió así la vía del suplicatorio
El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso el suplicatorio para continuar la causa contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCAT), Laura Borrás, en la que se investiga la adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El presidente de la Sala Segunda de lo Penal, Manuel Marchena, ha remitido un oficio al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade la petición a la presidenta del Congreso de los Diputados, según informa el alto tribunal.
El magistrado instructor del caso citó el pasado 14 de febrero a Laura Borrás para prestar declaración voluntaria como investigada por supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación y falsedad documental, si bien la diputada rechazó acudir. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.
La Sala Segunda del Supremo abrió la causa por la que se investiga a la diputada Borràs Castanyer el pasado 17 de diciembre con el objeto de investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que elevó al Supremo una exposición razonada.
Investigación a Laura Borràs
De acuerdo con los hechos descritos en la exposición razonada del juez instructor, atribuidos a la persona aforada, según el Tribunal Supremo, "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales úblicos y falsedad documental".
El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, al apreciar una "inescindible conexión" entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.
En concreto, según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigía Borràs, adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borras, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.
Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
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