El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado este lunes que se ha interpretado "mal" su whatsapp a los senadores de su partido sobre el control en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras al acuerdo entre Gobierno y PSOE, aunque ha admitido que el lenguaje que ha empleado no es "afortunado". El diario El Español ha difundido el mensaje que Cosidó envió el sábado por la noche a sus senadores explicando que el PP logra nueve vocales más el presidente en el Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás" (la sala de lo Penal) y "presidiendo la sala 61" (la que tiene atribuciones como ilegalizar partidos).
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y también para el magistrado del Tribunal Supremo que enjuicia el 'procés', Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado por segunda vez el pasado miércoles. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido no generar alarma. POr su parte, Ciudadanos ha denunciado a Arran ante la Fiscalía por un delito de odio tras las pintadas en la casa del magistrado.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente de Cataluña Artur Mas y a otros nueve ex altos cargos del Govern a devolver a la Generalitat más de 4,9 millones de euros por la organización en 2014 de la consulta independentista ilegal del 9-N. El tribunal les considera "máximos responsables" de las decisiones de gasto público a pesar de ser "conscientes" de que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta.
La sentencia declara "responsables contables directos" de gastar este dinero público a Artur Mas, a la exvicepresidenta y exconsellera de Gobernación Joana Ortega, al exportavoz y exconseller de Presidencia Francesc Homs y a la exresponsable de Enseñanza Irege Rigau.
La composición del CGPJ y el nombre de su presidente supone el primer acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, un pacto que se ha conseguido pese a que el Ejecutivo diera por rotas las relaciones entre ambos, después de que el líder del PP acusara al presidente de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España". Por su parte, Podemos reconoce que hay conversaciones con el PSOE y el resto de grupos parlamentarios para la composición del CGPJ. Por contra, Ciudadanos se ha excluido de cualquier negociación y se mantiene al margen de una renovación que tacha de mero "intercambio de cromos" entre socialistas y populares.
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, será el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno y el PP. Marchena iba a presidir el juicio a los líderes del procés en el Supremo, y fue propuesto por el PP como candidato a presidir el CGPJ. En base a este acuerdo, el Consejo contará con mayoría progresista, de 11 a 9, de los 20 sillones que está formado este órgano.
En una de sus ruedas de prensa más tensas, Donald Trump ya apuntó que podría haber algún cambio en su Administración. Y, nada más terminarla, anunciaba la sustitución del fiscal general Jeff Sesions. Era el fin a una tensa relación que comenzó cuando Sessions se inhibió en la investigación sobre la posible influencia de Rusia en la campaña que llevó a Trump a la presidencia. Aquello condujo al nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para que investigara una trama que, en parte, también provocó el cese del director del FBI, que ha puesto al propio Muller en la diana y que, en conjunto, ha sido un dolor de cabeza para el presidente. El sustituto de Session será, temporalmente, Matthew Whitaker, hasta ahora su jefe de gabinete en el Departamento de Justicia y hombre de confianza de Trump.
A todo esto estará muy pendiente la prensa, especialmente, aquella a la que Trump rechaza y con la que ayer volvió a enfrentarse. La Casa Blanca ha retirado la acreditación a un periodista de la CNN acusándole de forcejear con la joven que pasaba el micrófono. Para la cadena de televisión esta decisión no tiene precedentes y supone una amenaza para la democracia.
La Audiencia de Lleida ha condenado al padre de Nadia a cinco años de prisión y a la madre a tres y medio por estafa continuada agravada al usar la enfermedad de su hija para enriquecerse a través de los donativos que recaudaron. El tribunal considera acreditado que Fernando Blanco y Margarita Garau se enriquecieron en 402.232,65 euros utilizando la enfermedad de su hija.
