El Gobierno de El Salvador ha comunicado que los médicos están listos para practicar un "parto inducido" a Beatriz, nombre supuesto de la mujer de 22 años con graves problemas de salud y a la que se impide abortar, pese a que el feto es anencefálico (no tiene cerebro).
Así lo declaró este jueves la ministra de Salud , María Isabel Rodríguez. "Está bien claro que en este momento la interrupción del embarazo ya no es un aborto, es un parto inducido", porque ya la joven superó las 20 semanas de embarazo, explicó Rodríguez.
El fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el martes denegó la solicitud de Beatriz para que le fuera practicado un aborto terapéutico, deja "en manos de los médicos" la decisión "para actuar, en caso que sea necesario", subrayó Rodríguez. "Lo decisivo es proteger la vida de Beatriz", ha añadido la ministra de Salud.
Primera comparecencia ante el juez de uno de los dos detenidos por asesinar a machetazos a un militar en Londres. El presunto terrorista ha sido acusado de este asesinato, y también de posesión de un arma de fuego.
La justicia tunecina ha sentado hoy en el banquillo a Amina Tyler, la joven que mostró el pecho en internet hace unos meses. La acusan de vandalismo y podrían condenarla hasta a dos años de cárcel. Su causa se ha convertido en la de muchas feministas, sobre todo en el mundo árabe.
La mujer salvadoreña que había pedido abortar porque según los médicos su vida corría peligro y el feto sufría graves malformaciones que no le permitirían sobrevivir, ya ha tenido respuesta del Tribunal Supremo de El Salvador, donde está prohibido el aborto. Finalmente su petición ha sido rechazada.
El supuesto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, imputado en la causa de los 'papeles de Bárcenas' que instruye Pablo Ruz, ha reconocido que entregó 126.000 euros en efectivo al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y ha defendido al mismo tiempo la legalidad de ese pago. Mientras, el empresario Antonio Vilela, de construcciones Rubau, uno de los empresarios imputados en la causa, ha reconocido que pagó 63.000 euros al PP, pero ha rechazado las donaciones que figuran en dichos papeles como supeusta contabilidad B del PP.
El juez del caso Nóos, José Castro, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asuma la investigación sobre el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existen indicios de delitos y ser aforados.
