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El presidente de los empresarios navarros, José Antonio Sarriá, hacía público este jueves el contenido de la carta que hace dos días le remitió ETA: "Que la exigencia del pago del impuesto revolucionario como ellos le llaman, es decir, las cartas de extorsión, ha quedado cancelado".

La decisión de cancelar el chantaje económico es consecuencia del alto el fuego, asegura ETA en el texto. El anuncio, inédito en la historia de la banda terrorista, llegaba también a Confebask, la patronal vasca.

Hasta esta comunicación, los empresarios vascos y navarros llevaban seis meses sin recibir cartas de extorsión: por primera vez en su historia la banda terrorista no chantajeaba durante una tregua.

El cobro de extorsiones económicas es la fuente de financiación de los terroristas. El aparato financiero, denominado Gezi, es el más difícil de desmantelar para las fuerzas de seguridad.

En medio siglo de vida, ETA ha asesinado a cerca de 40 empresarios. El anuncio del cese en la extorsión coincide en el tiempo con la visita a Euskadi del grupo de mediadores internacionales encargados de verificar el alto el fuego.

a Abogacía del Estado ha presentado este miércoles en nombre del Gobierno dos recursos contra las candidaturas de Bildu a las elecciones del 22-M en el Tribunal Supremo (TS) por ser "una sucesión del complejo ETA-Batasuna".

Además de la Abogacía también impugnará todas las listas de Bildu la Fiscalía General del Estado este jueves. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha justificado este miércoles la impugnación de todas las candidaturas de Bildu en que la tercera fuerza de esta coalición es "directamente Batasuna", por lo que se trataría de una "cobertura" del partido ilegalizado.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha criticado este miércoles el "ejercicio sectario de protagonismo" del PP, después de que María Dolores de Cospedal, haya atribuido la impugnación de las listas de Bildu a la presión ejercida por su partido.

"El Gobierno no ha cedido absolutamente a las presiones del PP", ha sentenciado Jáuregui para después criticar que a la oposición "no le corresponde" la "persecución del espacio político de la violencia".

El ministro de la Presidencia ha añadido que el PP "no ha jugado limpiamente en esta materia porque la actuación del Gobierno no merece ninguna sospecha" y ha destacado que la impugnación no ha sido resultado de "ningún acuerdo político", sino que su fundamento ha sido jurídico.

El dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, ha negado que el inspector de la Policía José María Ballesteros, imputado en el caso, le diera el móvil con el que se le advirtió de que se iba a llevar a cabo la operación contra el aparto de extorsión de ETA. Según la investigación, el inspector Ballesteros, que está imputado, fue quien entregó ese móvil y Enrique Pamiés, jefe superior de policía del País Vasco, quien supuestamente alertó a Elosúa. Interrogado por el juez Pablo Ruz, Elosúa ha declarado en la Audiencia Nacional que el 4 de mayo de 2006 una persona entró en su bar y le dió un móvil con el que le alertaron de la operación policial contra ETA. Sin embargo, al mismo tiempo, el dueño del bar ha situado el soplo en el lapso temporal en el que el Ballesteros estuvo en el establecimiento, según fuentes jurídicas y personadas en la causa citadas por Europa Press.

La banda terrorista ETA diseñó la estrategia política y encargó a Batasuna que impulsara la creación de Bildu, según el primero de los informes policiales que ya ha sido remitido a la Fiscalía.

Para cumplir la ley, el informe -que también está ya en manos del abogado del estado- dice que seleccionaron de forma minuciosa los candidatos para que no tuvieran vínculos aparentes con la ilegalizada Batasuna.

La policía se basa en los documentos incautados a la banda terrorista, en los que se dice que ETA estaba dispuesta a modular su violencia terrorista y a asumir parones o periodos de suspensión para promocionar la coalición de partidos independentistas y poder presentarse a las elecciones del próximo 22 de mayo.

Las asociaciones de jueces han coincidido en que no hubo ni error ni negligencia en la decisión de la Audiencia Nacional por dejar en libertad a Antonio Troitiño. Aseguran que los magistrados optaron por una interpretación legal, que el juez Guevara actuó ajustado a Derecho. Restar los años de prisión preventiva, del máximo legal de cárcel en España -lo que permitió la salida de Troitiño- es una vía contemplada por Tribunal Constitucional. De momento no se ha presentado ninguna queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz ha dicho que entiende "la alarma y el malestar" generado por el caso Troitiño y que el máximo órgano de los jueces actuará con suma prudencia.

Continúa la búsqueda del etarra Antonio Troitiño, que sigue en paradero desconocido, oficialmente en busca y captura internacional, tras ser excarcelado por la Audiencia Nacional, seis años antes de lo previsto. Las fuerzas de seguridad han ampliado su dispositivo que inicialmente se centró en el País Vasco Francés, porque allí vive parte de la familia de etarra, y su abogado. Pero su rastro se ha perdido.

Además, las fuerzas antiterroristas no descartan la hipótesis de que haya podido entrar en contacto con la red clandestina de ETA, y pedido ayuda para huir a Irlanda o Sudamérica, según informa TVE.

El etarra Antonio Troitiño, excarcelado el pasado día 13 de abril tras pasar 24 años en prisión, está en paradero desconocido, informa RNE. Contra Trotiño pesa una orden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Nacional el martes, después de que el tribunal decidiera revocar su puesta en libertad. Ahora mismo no hay ninguna certeza sobre el paradero de Troitiño y, con cada hora que pasa, la hipótesis de la fuga va cobrando más fuerza. Varias fuentes consultadas por RNE, sitúan ya a Troitiño en paradero desconocido. La Policía continúa buscándole en España y Francia. Lo más probable, dicen esas mismas fuentes, es que Troitiño se encuentre todavía oculto en el país vecino, donde también vive su hija. Este mediodía algunas fuentes apuntaban a que el antiguo miembro del comando Madrid podría estar en el despacho de su abogado, en la localidad francesa de Hendaya. Nadie le había visto entrar o salir, pero la policía gala se ha apostado frente al bufete a la espera del permiso juez para entrar al despacho y proceder a detenerle. Esta posibilidad se va diluyendo según van pasando las horas.

El presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, ha reclamado responsabilidades por la liberación del etarra Antonio Troitiño, y ha considerado que "aquí alguien muy importante ha metido la pata y alguien lo tiene que pagar". En un encuentro con los medios de comunicación durante su visita a Benidorm (Alicante), Basagoiti ha lamentado que "el plazo" entre la orden de liberación y la orden de la Audiencia Nacional para que sea arrestado de nuevo puede hacer que "se escape un pájaro con tantos asesinatos". "De la misma manera que un currante paga si la mete en su trabajo, aquí tiene que pagar si un juez o un político o el que sea", ha insistido. "Lo de Troitiño se veía venir, aquí lo sabía todo el mundo, y aquí ha habido unos jueces o un juez que ha tomado una decisión un día, y ha tardado una semana en tomar la contraria", ha lamentado.

Huído después de que la Audiencia Nacional revocara anoche su puesta en libertad y decretara orden de busca y captura. Una decisión que se tomó en una reunión de urgencia.

En el vídeo se puede ver al detenido, Aitor Esnaola, en su caserío Olalde de Legorreta, donde la Guardia civil localizó 850 kilos de nitrato amónico, polvo de aluminio, pentrita, detonadores y temporizadores para la fabricación de explosivos. Esnaola conduce después a los agentes a un otro caserío abandonado, también propiedad de la familia Esnaola, donde el arrestado escondía más nitrato amónico, 137 kilos, y un revólver.

La operación logró desmantelar, además, otros tres zulos. Uno en Zegama, Guipúzcoa, a 20 kilómetros del caserío de Aitor Esnaola; un segundo estaba en la localidad navarra de Baraibar, donde el detenido mostró a los agentes el lugar donde el comando Erreka escondía más nitrato amónico, pentrita, polvo de aluminio y detonadores. Y casi la misma cantidad intervino la Guardia civil en un tercer zulo también en Navarra, en la localidad de Azpiroz.