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El exministro del interior asegura que la grabación en su despacho fue "una conspiración" contra él y contra el PP. Jorge Fernández Díaz ha insistido en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso acerca del supuesto uso partidista de los medios de Interior para investigar a políticos soberanistas que las grabaciones de sus conversaciones con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, eran "ilícitas" y buscaban "alterar" el resultado de las elecciones generales del 26 de junio.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha querido zanjar en el Congreso la polémica sobre la supuesta adjudicación de una vivienda de la Guardia Civil para el director de Tráfico, Gregorio Serrano, al negar tajantemente que se haya cometido "una ilegalidad", pues la cesión del piso no se ejecutó.

"No se ha producido ninguna ilegalidad y no se ha atendido a la petición de permuta que se formuló por parte de la Guardia Civil", ha asegurado Zoido en la sesión de control del Gobierno, donde tanto el PSOE como Podemos se han interesado por esta supuesta irregularidad de la que informó el domingo La Sexta y que motivó que ambos partidos modificaran sus preguntas en el pleno.

A ambas, el titular de Interior ha respondido con las mismas explicaciones que ofrecieron el lunes el propio director de Tráfico y la Dirección General de la Guardia Civil respecto a la posibilidad de permuta de unas viviendas entre ambas instituciones y a petición del instituto armado que finalmente denegó el intercambio.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en cuestionar que si esa vivienda no se adjudicó "por qué se estaba reformando" por 50.000 euros.

"Da la impresión que esta vivienda no tiene nada ver con el director y que todo sea falso", ha añadido Iglesias quien, no convencido, ha pedido a Zoido que aclare el pago de hoteles por parte de Serrano o si el autor de la filtración de la exclusiva ha sido el comisario jubilado José Villarejo, implicado en asuntos como el pequeño Nicolás y la denominada policía política, con el objetivo de perjudicar al ministro.

El Congreso ha dado el primer paso para derogar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'. El Pleno ha admitido a trámite dos proposiciones de ley: una del PSOE, para derogarla, y otra del PNV para modificar 44 artículos. El PP ha votado en contra de ambas, aunque dicen que están dispuestos a cambiar algunos aspectos.